El ciclo político de la revolución burguesa española (1808-1874)

"La revolución era como un carro pesado tirado por mariposas."

Pío Baroja

"Como el pueblo no puede improvisar de pronto a sus personajes, desentierra los muertos de movimientos anteriores."

Marx


La historia de la Modernidad en Occidente desde el siglo XVI no es otra cosa que la historia de la revolución. Una revolución que se desarrolla en oleadas, en ciclos cada vez más amplios y profundos, abarcando cada vez más esferas y que no sólo engendrará la sociedad capitalista, sino también el propio cuestionamiento revolucionario de la misma. Comprender ese entrelazamiento histórico de las revoluciones burguesa y proletaria es fundamental no sólo para entender la naturaleza del, tan caduco como reinante, actual orden civilizatorio, sino también la perspectiva de superación del mismo y la situación en la que nos encontramos quienes hoy pugnamos por recuperar esa perspectiva. Este proceso histórico, el alumbramiento revolucionario del moderno mundo burgués, no es por supuesto ajeno al territorio de lo que es hoy el Estado español. Muy al contrario, la propia y violenta conflictividad inherente al proceso revolucionario se ha imprimido con tal dramatismo en estas tierras, que el mismo eco encarnizado de su conflicto ha reverberado hasta la actualidad, lastrando el propio desarrollo de la nueva perspectiva civilizatoria. Tal lastre, pródigo en frustración y derrotismo, ya fue cantado por el poeta que advertía a la nueva vida social naciente que se cuidara de las viejas Españas del bostezo y la muerte.[1] Desgraciadamente, el poeta fue consumido por las viejas llamas reavivadas, al igual que la perspectiva emancipatoria proletaria. Recuperar ésta pasa por ajustar definitivamente cuentas con el viejo pasado revolucionario burgués: exorcizar a los fantasmas de las pasadas generaciones para que pueda haber generaciones futuras. Ello parece particularmente oportuno en un momento en que esos viejos fantasmas nacionales (y nacionalistas) aporrean estruendosamente también la puerta de la vanguardia proletaria. Frente a la tan irreflexiva como oportunista tentación que algunos han abrazado de resucitar trasnochadas consignas y perspectivas, proponemos a la vanguardia lo opuesto, la aproximación hacia ese pasado sacando el máximo partido a la perspectiva histórica que hoy estamos en condiciones de conquistar. A ello, a la reflexión sobre la revolución burguesa española y las inercias que necesariamente legó a la naciente revolución proletaria en estas tierras, y coincidiendo con el 150º aniversario del inicio del llamado Sexenio revolucionario (1868-1874), que sería el punto culminante de aquélla, se dedican estas páginas. En ellas nos limitaremos y concentraremos en el sondeo de la lógica política de esta revolución, siendo por tanto sólo un humilde, y siempre abierto a la crítica, aporte a una reflexión mayor que debe avanzar también en consonancia con el proceso de construcción de la vanguardia y el rearme del proletariado revolucionario en el Estado español.


La lógica histórica de la revolución burguesa: dialéctica masas-Estado

Como ya hemos señalado anteriormente desde estas páginas, la revolución burguesa consagra una dialéctica histórica universal que pivota entre el movimiento de masas y la construcción y perfeccionamiento del Estado. Movimientos de masas como liberación de las cadenas agrarias y feudales de la economía natural y como formación del nuevo ejército industrial para el capitalismo; movimientos de masas también como constitutivos sustanciales de la nueva sociedad burguesa, expresión del despiadado desarraigo inherente a la libertad mercantil. Perfeccionamiento del Estado como representación de lo general que exige la exaltación atomizante del egoísmo mercantil; perfeccionamiento del Estado como definitivo cincelamiento de una enorme máquina burocrático-militar separada y por encima de la sociedad. Tales son algunas de las características necesarias que constituyen la dialéctica masas-Estado, expresión sociopolítica de la contradicción económica básica del capitalismo entre socialización y propiedad privada.[2] Ambos elementos establecen una dialéctica en un estricto sentido filosófico como unidad interpenetrada de opuestos. Tal conflictiva tensión es no sólo constitutiva de la revolución democrático-burguesa, sino también de la sociedad burguesa asentada. Es por ello que en ningún lugar la revolución burguesa es políticamente un proceso lineal, sino que siempre es conflictivo, planteando tanto retrocesos, como prematuros (aunque fundamentales) intentos de ir más allá. En el despliegue de esta dialéctica, en algún punto determinado de relativo equilibrio entre sus polos, encontrará el Estado burgués su moderna morfología constituyente, pues esa dialéctica es, por definición, insuperable desde sus presupuestos y, más aún, como decimos, es la que continúa articulando la lógica de su permanente reproducción. Si esta dialéctica constituyente del Estado burgués es universal, no lo va a ser la forma de su despliegue y, por tanto, tampoco el punto de equilibrio constitucional que logre, más o menos precariamente, estabilizar. Ello dependerá de las condiciones materiales concretas, históricamente determinadas, de cada lugar que se trate, así como de la acción subjetiva de las diversas clases y partidos que la revolución llama a la pugna.

Francia es para la tradición marxista el ejemplo clásico de esta revolución. Si el moderno ascenso de la burguesía situó el epicentro por excelencia de lo político en el Estado, si su revolución va a encontrar su cuerpo de masas en una fuerza que brota de la tierra, el movimiento campesino hambriento de tierra, entonces, tal vez, se pueda establecer, literalmente, una geopolítica de la revolución burguesa: esto es, la capacidad de la clase ascendente burguesa para dominar y ordenar tal torrente que brota de la economía natural feudal en crisis de cara a la constitución de su Estado, que no es otro que el Estado par excellence. Todo ello, por supuesto, sobre los diferentes estratos superpuestos que la historia ha ido depositando y que dan forma particular a cada formación social. Son tales depósitos precisamente los que sitúan a Francia como el lugar clásico de esta revolución. Patria clásica del absolutismo occidental a la vez que generadora de una vigorosa burguesía que prospera a lo largo del Siglo de las Luces, estos dos procesos, secular construcción política del Estado y núcleo vigoroso de nuevas energías y relaciones sociales, convergen en un punto geográfico determinado: París. No es casualidad que la ciudad del Sena vaya a ser la capital europea (que es, en ese momento, tanto como decir la capital mundial) de la revolución durante casi un siglo (1789-1871), que, de nuevo no casualmente, ocupa el ciclo de la revolución democrática en Francia. Allí se forma el partido más avanzado de la revolución burguesa, el jacobinismo; allí el movimiento de masas alcanza una radicalidad y profundidad sin precedentes; desde allí, en fin, se ordena coherentemente el vasto movimiento campesino que, entre el Gran Miedo y el Terror, acceso a la tierra mediante, le da la base social decisiva al régimen revolucionario: le da a Francia la base de su nation. Es esta afortunada geopolítica, donde centro político estatal y vanguardia social burguesa coinciden, una de las razones fundamentales que hacen que en Francia, cualesquiera que sean los retrocesos de la revolución burguesa, cada fase de ésta sedimenta en construcción de Estado-nación. De este modo, el aspecto de irrupción de masas no sólo se marca más acusadamente, abriendo, en ese grandioso Año II, la perspectiva de un más allá de la burguesía que, confirmado en 1848 y, sobre todo, en 1871, aún nos interpela, sino que también aporta inmediatamente su huella a ese proceso de construcción del Estado y de la cultura política nacional.

Pero, a pesar de ello, los límites de clase burgueses de este proceso son infranqueables y sobre las inmaduras tentativas de ese ir más allá se abate el más despiadado terrorismo. Tras el despotismo de la libertad se suceden los termidores, imperios y restauraciones; un terror blanco desenfrenado que cruza por 1848 y encuentra su más salvaje expresión en 1871, como aún hoy puede observarse en los muros de Père Lachaise. Este baño de sangre no será sino el acto fundacional de la democracia burguesa francesa estabilizada. No será hasta después de 1871 que el Estado burgués encuentre por fin en tierras galas su precario (no olvidemos, por ejemplo, el affaire Dreyfus) equilibrio constitucional: una III República que reivindica la revolución como hecho nacional fundacional, pero que exorciza la memoria de Robespierre tras la sombra de Danton y edifica la católica basílica del Sacre Coeur sobre los cadáveres de decenas de miles de communards.

De hecho, frente al filisteísmo, tan pequeñoburgués como típicamente español, ése pródigo en sollozos sobre la “falta de cultura democrática” en la piel de toro, la aportación directa del movimiento de masas a la construcción del Estado, que en Francia provee una buena parte de los mitos nacionales, es, en el ciclo maduro y culminante de la revolución burguesa europea, que se despliega durante la primera mitad del siglo XIX (llegando su resaca más allá), más una excepción que la regla. Es decir, el despertar y la irrupción de masas son generalizados en todo el continente, como se plasma ejemplarmente en esa Primavera de los Pueblos, lo que indudablemente va a determinar el rumbo de desarrollo de la construcción de los Estados europeos, pero sobre todo, de forma indirecta, como forma de reprimir, canalizar, encuadrar o neutralizar esos movimientos desde la alianza de la burguesía ascendente, ya temerosa ante la perspectiva del más allá que Francia ha mostrado, con las viejas clases dominantes. Por decirlo en términos clásicos: lo que domina, más que la vía francesa, es la vía prusiana de desarrollo del capitalismo y construcción del Estado burgués. Esto, por supuesto, desde un punto de vista cuantitativo-analítico. Desde un punto de vista cualitativo-dialéctico, lo que muestra es, más bien, el inconmensurable poder de la revolución como agente de desarrollo histórico: bastó una sola revolución democrática à la française[3] para, mediatamente, abrir lo que restaba de un continente a la revolución burguesa, a las dinámicas políticas que permiten el desarrollo y dominio de las relaciones capitalistas.

Es precisamente ese filisteísmo, que combina en un explosivo cóctel anti-marxista la perspectiva empírico-analítica de observar cada formación social por separado (cuando capitalismo es, entre otras cosas, internacionalización orgánica de nuevas relaciones sociales), el nacionalismo de reducir esa observación sólo a España y el idealismo mistificador que cree que la revolución burguesa puede ser históricamente algo más que el establecimiento de las relaciones sociales capitalistas, el que, insistiendo en la supuesta ausencia de revolución democrático-burguesa española y a través de su progresiva hegemonización del movimiento obrero, ha lastrado secularmente la revolución proletaria en el Estado español, arrastrándola trágicamente de derrota en derrota a lo largo del siglo XX.

Muy al contrario, si ampliamos la perspectiva y dotamos a ésta de un carácter marxista, la experiencia española pierde en excepcionalidad y se enmarca dentro de la europea, así como también la extensión de su ciclo. Ya hemos señalado el francés, pero el prusiano-alemán es incluso más ajustado al español, iniciándose también con la resistencia anti-napoleónica y, pasando por 1848, no cerrándose definitivamente hasta las guerras de unificación entre 1864 y 1871, prácticamente a la par que nuestro Sexenio. Dicho sea de paso, la experiencia alemana muestra incluso un control sobre el movimiento de masas por parte de la alianza burguesía-vieja aristocracia que está construyendo el nuevo Reich unificado mucho más férreo que en el caso español: allí la energía de masas es canalizada, encuadrada, disciplinada y uniformada, siendo proyectada en una serie de guerras contra potencias exteriores.

Hemos hablado de geopolítica de la revolución burguesa sin, por supuesto, pretensiones teóricas histórico-universales, sino porque apunta a lo que es la determinación decisiva de lo dado en la revolución burguesa. Es decir, de la primacía de las fuerzas objetivas legadas por el decurso histórico en la lógica burguesa masas-Estado, de ordenación-manipulación, de dominio sobre lo que es legado, aparentemente fuerzas histórico-naturales, por encima del aspecto de su transformación sustancial. No es extraño que, una vez estabilizado el sistema interestatal, que es resultado de la revolución burguesa, sea precisamente esta lógica geopolítica la que se impone a la hora de comprender sus relaciones internas.[4] Asimismo, ello nos puede servir como marco para comprender la diferente forma de desarrollo de la revolución burguesa española respecto del molde clásico francés.


El auge de la revolución y sus conquistas materiales (1808-1845)

Y es que el moderno proceso de desarrollo del Estado español difiere totalmente del francés, determinando una geopolítica de partida para la revolución burguesa diferente en estas tierras. Efectivamente, el absolutismo español no sólo es pionero, sino también imperial. Para aflicción de los apologistas contemporáneos del nacionalismo español, el imperio no fue gloria, sino desgracia de la nación española, y el proceso de construcción de ésta, en sus grandezas y sus miserias, se vinculó necesariamente a la pérdida de aquél. Absolutismo y aventura imperial se relacionan con un hecho histórico: la derrota de la revuelta de las comunidades de Castilla. Más allá del discutido carácter de clase de esta rebelión, lo cierto es que la afirmación de la autoridad real en el que iba a ser el núcleo del imperio se realizó sobre la derrota de un movimiento basado en las ciudades; es decir, sobre el ecosistema sociopolítico en el que por excelencia se incuba el ala burguesa del Tercer Estado.[5] A partir de ahí, y siendo sumarios, las aventuras exteriores y el peso del imperio aplastaron el tejido social castellano (exacciones, reclutamiento, desorbitante y nocivo impacto en la economía castellana de los metales expoliados en América, etc.). Este proceso, a la vez que, para beneficio aristocrático, construía un pesado armazón burocrático en Castilla, empujó la vitalidad social y económica hacia la periferia del núcleo imperial. La debilidad de cualquier auge burgués en el siglo XVIII se refleja tanto en las tentativas borbónicas de reforma de la monarquía, tan mitificadas como limitadas, como en la debilidad sustancial de la ilustración española. En cuanto a lo primero, desde la Nueva Planta al reformismo de Carlos III, más que una racionalización administrativa se amplió, vía militarización, el poder ejecutivo de la corona, pero sin tocar un ápice el carácter aristocrático de la estructura política, que más bien se acentuó. De este modo, lejos de coadyuvar al desarrollo de un impulso unificador relacionado con el ascenso de la sociedad civil burguesa, la heterogeneidad feudal, nucleada por la gran propiedad agraria nobiliaria, siguió siendo en el núcleo castellano-andaluz la clave de bóveda política del Estado. Así, desecadas las tendencias al intercambio económico y a la división del trabajo, amputadas por la reafirmación de la jurisdicción señorial, la vida local se desarrolló desde sí misma, ajena a un Estado “cuya autoridad cesaba en el plano municipal”.[6] Es esto precisamente lo que habilitó a Marx para comparar el absolutismo español con la forma del despotismo oriental.[7] El desarrollo burgués, por su parte, se limitó básicamente a los puertos comerciales del sur, pero en su forma más estrecha y primitiva, como capital comercial y bajo la cubierta corporativa de un monopolio colonial que llega hasta 1778. En Catalunya, por otro lado, se observan en este siglo los signos de un renacimiento económico que van sentando las bases de su futura potencia industrial.[8]

En cuanto a lo segundo, la debilidad de la ilustración española, se trata de algo enormemente trascendental, pues no sólo señala la debilidad de la burguesía en el momento en que se ponen en el orden del día las tareas históricas de su revolución, sino que, sedimentada en la tradición intelectual del país, se ha proyectado necesariamente más allá de esta clase social, determinando inevitablemente lo pacato, asustadizo y dependiente de cualquier teoría de progreso en estas tierras (lo que, andado el tiempo, no dejaría de afectar a la forma de recepción de la teoría proletaria revolucionaria). Ello ha establecido la que ha sido la principal debilidad histórica de la revolución en España, nunca relacionada con la radicalidad de las condiciones objetivas para la misma, sino, al contrario, con la debilidad del elemento subjetivo, particularmente en su dimensión ideológico-intelectual, incapaz en general de generar una vanguardia revolucionaria a la altura de lo que las circunstancias demandaban. Ello no quiere decir, como veremos, que la burguesía revolucionaria española no vaya a dar a luz productos políticos de primer orden, ni acciones revolucionarias que forman por derecho parte de la tradición de la, en palabras de Lenin, “cultura internacional de la democracia”.[9] Pero la cuestión es que no hubo aquí un marco teórico-crítico suficientemente amplio e independiente que pudiera cobijar una acción política revolucionaria consistente, sistemática, sostenida y eficaz, como sucedió con las Lumières francesas. Pero además tampoco, como en la Aufklärung alemana (con hondas raíces históricas que probablemente se remontan, al menos, a la Reforma), la debilidad política de la burguesía se compensó por una explosión especulativa radical que, llevando en lo ideal los principios racionalistas hasta sus últimas consecuencias, coadyuvara en la formación de la conciencia, si no de la burguesía, sí del agente histórico de su más allá, del proletariado, heredero, en palabras de Engels, del “carácter teórico alemán”.[10]

Desde el punto de vista de su contenido intelectual, el rasgo esencial de la ilustración española es, desde sus mismos orígenes, el eclecticismo. De hecho, la crítica de la neoescolástica tomista dominante va a recibir, en la primera mitad del siglo XVIII y representada por el valenciano Andrés Piquer, el nombre de filosofía ecléctica, cuya conscientemente sostenida profesión de fe anti-sistemática será asimilada como “virtud anti-dogmática”. Históricamente comprensible como reacción a los asfixiantes sistemas escolásticos férreamente sostenidos por la Iglesia, nunca pudo superar estos reactivos rasgos primerizos de inmadurez, confesión de su debilidad ideológica y política. Así, para la segunda mitad del siglo, el eclecticismo se muestra lógicamente coronado como radical utilitarismo[11], con sus necesarias secuelas: el inmediatismo y la tecnocracia. Y es que, efectivamente, si la “utilidad” se consagra como criterio principal, sin un marco teórico independiente que pueda evaluar y proyectar tales “utilidades”, éstas devienen subordinadas a la consideración que pueda darles la estructura de lo ya dado e inmediatamente establecido, consagrado como criterio “práctico” de la verdad. Aplicada tal concepción a la reforma de la cosa pública, esta “utilidad” aparece consecuentemente como cuestión esencialmente “técnica”, esquiva respecto de cualquier inoportuna y engorrosa problemática política o social. De este modo, las Sociedades Económicas de Amigos del País, surgidas del impulso espontáneo de la aristocracia ilustrada y de la burguesía reformista, acabaron siendo un movimiento profundamente vinculado al Estado y sometido a los miedos y restricciones de éste.[12] Siempre dependiente del exterior en cuanto a sus inspiraciones y aspiraciones y siempre temerosa de consecuencias radicales, la reflexión regeneracionista fue cortada abruptamente por la Revolución Francesa. Sólo tras la estabilización de la reacción anti-jacobina al norte de los Pirineos y aliada la monarquía al antiguo enemigo francés, volverían estos temas a ser “respetables”: de ahí surgiría el fenómeno de los afrancesados, última manifestación del despotismo ilustrado español.

Así, a pesar de la debilidad de la burguesía, el agotamiento de una monarquía quebradiza en sus más básicos fundamentos devino, por mor de la crisis política, completo colapso. Con las vergonzosas abdicaciones de Bayona y ante la creciente evidencia de la ocupación francesa, estalla una sublevación de masas en todo el país en mayo de 1808. La Guerra de Independencia da el pistoletazo de salida a la revolución burguesa española. En seguida se van a poner de manifiesto todos los elementos que articularán su lógica política.

Fenómeno extraordinariamente complejo, lo primero que destaca es la radicalidad de la situación objetiva que la ocupación extranjera y el colapso del Estado establecido han dejado. Naturalmente, dada la debilidad de la burguesía y de sus aspiraciones ilustradas, el espacio ideológico de legitimación de la revuelta va a ser ocupado en su mayor parte por la Iglesia, tradicional dominadora de la esfera cultural. No obstante, el tópico del “vivan las caenas”, tan del gusto tanto de la reacción como del reformista-colaboracionista, no puede ocultar lo objetivamente revolucionario de la situación. El hecho histórico sin precedentes es que son las masas las que por sí mismas asumen la defensa de la patria en peligro. Los estratos sociales más bajos, desde el campesinado a la plebe urbana, no delegan en un primer momento en los superiores naturales estatuidos por la jerarquía feudal. Al contrario, éstos, amparándose en la legalidad de las abdicaciones y, subsecuentemente, en la legitimidad (plena desde el punto de vista del principio monárquico) de José Bonaparte, y siempre temerosos de cualquier movimiento popular, oscilan desde el sometimiento a las nuevas autoridades y la colaboración con ellas a la prudente e inactiva neutralidad en espera de ver el cariz que toman los acontecimientos. Serán las masas las que les obliguen, en muchos casos coactivamente, a tomar partido, dándose no pocos casos de ejecuciones populares de altos dignatarios y autoridades sospechosas de traición o de no resistir con suficiente entereza al francés.[13] Objetivamente, las masas han roto políticamente las tradicionales ataduras monárquico-feudales y han establecido de facto el principio de soberanía popular. Es, efectivamente, el hecho fundante de una moderna nación política y que se realiza contra el principio monárquico. Ni la hegemonía ideológica clerical ni el que en las Juntas, que surgen por doquier una vez iniciada la sublevación, las masas tiendan a situar en ellas a sus superiores jerárquicos tradicionales, pueden ocultar el hecho de que éstos son colocados allí por una decisión soberana de esas mismas masas, debiendo ejercer al aceptar tal designación de “revolucionarios a su pesar”, los cuales se ven forzados a apelar a la “acción libre del pueblo” y clamar contra el “legalismo obstruccionista” de los remanentes institucionales del Antiguo Régimen[14] si es que quieren mantener el control del movimiento y evitar la aciaga suerte de otros notables que han sido encontrados sospechosos de traición. En este sentido, al terror político popular que fuerza la legitimación de las Juntas por los viejos notables, puede añadirse el terror social latente que inspira la radical novedad histórica del movimiento de masas. Con seguridad el sentido de sus inspiraciones y cánticos fuese muy diferente, pero la inquietud que en las clases altas causaban los descontrolados desharrapados cubiertos de reliquias y crucifijos no debió de ser muy diferente al que la sans-culotterie inspiraba a la buena sociedad parisina durante el Terror.

Como hemos señalado, este movimiento de masas va a encontrar su expresión institucional en las Juntas. Las Juntas, surgidas desde abajo y sin anclaje jurídico con el viejo armazón institucional, van a representar, desde ahora y durante todo el ciclo de la revolución burguesa española, el elemento democrático y de masas de la misma. Pero precisamente, la liberación repentina de ese cadáver del Estado, cuya vida había discurrido en un plano distinto al de la vida local de las masas, no pudo generar que la explosión “de vida y resistencia” de la sublevación tomara una forma institucional unificada. Si la patrie en danger de la Francia revolucionaria, por mor de su ascendente y unificador tejido burgués, así como por su geopolítica histórica, había naturalmente generado una respuesta de masas centrípeta, ejemplificada por la levée en masse, en España el movimiento de masas generó una enorme fuerza centrífuga. De entre las innumerables Juntas locales se erigieron unas 18 Juntas provinciales, autodeclaradas supremas y soberanas en su territorio. Y tal es así que algunas de esas Juntas establecieron su propia diplomacia internacional anti-francesa, mientras que se dieron casos en que las fricciones intestinas condujeron a otras al borde de la guerra. En cualquier caso, ésta va ser la tónica de la revolución burguesa en España: los momentos democráticos de protagonismo de las masas estarán caracterizados por una tendencia a la dispersión y la fragmentación y a lo que las fuerzas conservadoras denominarían “anarquía provincial.” Sin embargo, esta misma dispersión es lo que daría a la resistencia popular la forma de una ininterrumpida guerrilla, palabra castellana que, expresión de esos aportes a la “cultura internacional de la democracia”, pasaría al vocabulario universal: aunque no pudiera derrotar al ejército francés a campo abierto, el único terreno que éste, siempre falto de un objetivo claro al que golpear, podía estar seguro de controlar era el que pisaban directamente sus soldados.

Las exigencias de la resistencia evidenciaron la necesidad de una coordinación entre las Juntas, lo que llevó en septiembre de 1808 a la formación de la Junta Central, como expresión ejecutiva emanada de las Juntas provinciales. Ello continuaba, en medio del fragor de la guerra, la lógica revolucionario-burguesa y republicanizante de la soberanía nacional. No obstante, una característica de la estructura de las Juntas es que, debido a esa delegación espontánea de las masas en los antiguos notables, cuanto más escalamos por su pirámide, más poder tienen los elementos conscientemente conservadores y reaccionarios, interesados antes que nada en contener el movimiento de masas y neutralizar cualquier pretensión de profundizar en la dinámica revolucionaria.[15] Tal es así que reanimaron la institución gubernativa por excelencia del Antiguo Régimen, el Consejo de Castilla, que, a la derecha de la Junta Central, se convirtió en el epítome de ese “legalismo obstruccionista” a cualquier despliegue y plasmación de la actividad de masas. No es tarea de este trabajo describir todas las controversias jurisdiccionales, enredos competenciales y demás trapacerías de leguleyo alegadas en esta labor reaccionaria, tanto del Consejo contra la Junta, como de la Junta Central hacia las inferiores. La cuestión es que a través de estas luchas se fueron definiendo los partidos en el seno del campo patriota[16], cuyo único nexo de unión era la hostilidad al francés. Aquí se halla el origen del liberalismo (palabra que también pasará al lenguaje político internacional desde la experiencia española), como expresión de las fuerzas nacionales revolucionarias. Aunque secundariamente adquirieron alguna presencia en la guerrilla, de cuyas partidas surgirían los militares que serían la columna vertebral del partido liberal en la época que se abría, su actividad más destacada sería la elaboración de la Constitución de 1812, popularmente conocida como la Pepa.[17] Este abismo entre la trascendencia de su labor política y su mucha menor capacidad de actuación en la lucha guerrillera, expresión de la enorme brecha que hemos señalado entre la radicalidad de los hechos objetivos y la capacidad subjetiva de los revolucionarios para abarcarlos, es lo que llevaría a Marx a decir que en la gaditana “(…) Isla de León, ideas sin acción; en el resto de España, acción sin ideas.”[18] Sin embargo, dada su debilidad objetiva, hay que reconocer que los liberales trataron de aprovechar las circunstancias que situaron el centro político de la España patriota en la en ese momento ciudad socialmente más avanzada del país: Cádiz.

Tampoco es cometido de este trabajo el análisis de la Constitución de 1812.[19] Sus limitaciones son hijas de la debilidad objetiva de la burguesía, así como de sus carencias subjetivas en tierras españolas. La falta de firmeza del pensamiento ilustrado español obligó a los liberales en las Cortes a maniobrar políticamente, buscando la legitimación de los principios que buscaban plasmar en el texto constitucional, no en valores universalistas generales, sino en las tradiciones históricas y jurídicas, supuestas o reales, del pueblo español. De nuevo, se pone de manifiesto uno de los rasgos de la debilidad de las ideologías de progreso en estas tierras, constante que las ha marcado durante toda la era contemporánea: el temor a la ruptura, la fragilidad de la apuesta por ésta, la necesidad de buscar un asiento, un consentimiento, en la realidad establecida y en su continuidad. Tal es la consecuencia inevitable del utilitarismo y del inmediatismo cuando se carece de la perspectiva sistemática y universal: la ceguera respecto a las deudas que se contraen a largo plazo en el altar del maniobrero éxito político momentáneo. Y este juicio es una auténtica constante en el análisis de Marx respecto de la revolución española:

“La minoría revolucionaria, con objeto de estimular el espíritu patriótico del pueblo, no dudó en apelar a los prejuicios nacionales de la vieja fe popular. Por muy ventajosa que pareciera esta táctica para los fines inmediatos de la resistencia nacional, no podía menos de ser funesta para dicha minoría cuando llegó el momento propicio de parapetarse los intereses conservadores de la vieja sociedad tras esos mismos prejuicios y pasiones populares con vistas a defenderse de los planes genuinos y ulteriores de los revolucionarios.

(…) Desde sus comienzos, la revolución española fracasó por esforzarse en conservar un carácter legitimista y respetuoso.

(…) el propio partido revolucionario contribuyó a despertar y fortalecer los viejos prejuicios populares.”[20]

Valgan estas valiosas observaciones no sólo respecto al análisis particular del caso español, sino también al hecho constante de que el gran analista materialista no deja que un cuadro objetivo supuestamente poco favorable nuble su juicio, sino que entre las condiciones materiales siempre incluye la valoración de la actividad subjetiva de las fuerzas en pugna, especialmente las revolucionarias. Por eso no es materialista solamente, sino también dialéctico y revolucionario. En cualquier caso, la debilidad de las fuerzas revolucionarias era un hecho. Incluso así, cualesquiera que sean las debilidades agravadas por su propia actuación, lo cierto es que la labor constitucional de los liberales puede considerarse que objetivamente no quedó demasiado a la zaga de lo que las circunstancias demandaban. La mejor prueba de ello es que, lejos de cundir la desmoralización y el descrédito —como trágicamente sería habitual en los dos siglos siguientes respecto de la actuación de las fuerzas progresistas españolas— y aun con la fácil derrota liberal en 1814, a la vuelta de Fernando VII, el texto constitucional fue el símbolo y la bandera que continuaría alimentando la rebelión y la revolución durante la siguiente generación.

Y es que Cádiz fue un auténtico foco revolucionario durante los años que van de la convocatoria de las Cortes Constituyentes en 1810 a la vuelta del Borbón en 1814. Cádiz no sólo era la ciudad social y políticamente más avanzada del país, bastión de la burguesía comercial en una España aplastantemente agraria-feudal, sino que las circunstancias de la guerra favorecieron ese carácter. Y es que, a medida que los franceses ocupaban la Península, numerosos resistentes liberales encontraban refugio en ella, lo que acentuaba el carácter combativo de la plaza. Esa misma ocupación hizo que gran parte del país no pudiera enviar representantes a las Cortes, debiendo elegirse los suplentes de entre la comparativamente mucho más avanzada sociedad gaditana. De este modo, lo que las Cortes perdían en representatividad lo ganaban saludablemente como foco de actividad histórica de vanguardia. Valga como indicativo de este carácter revolucionario esos momentos en que la aclamación y el abucheo intimidante con los que las masas, atentas a la actividad constituyente, coaccionaban a los diputados serviles en muchos debates acerca de cuestiones controvertidas por su naturaleza avanzada.[21] No por casualidad, Cádiz y sus alrededores serían otra vez la cuna y el bastión seguro del liberalismo en 1820-1823, último refugio de las Cortes acosadas por los Hijos de San Luis.

Precisamente, este rol que juega la ciudad andaluza nos permite volver sobre la cuestión de la geopolítica de la revolución burguesa española y su desfavorable comparación con la francesa. Efectivamente, como ya hemos señalado, la naturaleza misma de la revolución burguesa la hace aparecer como el dominio de fuerzas aparentemente histórico-naturales. La revolución burguesa culmina la sociedad de clases a nivel general y culmina el desarrollo del Estado a nivel político particular. Por eso no puede prescindir de lo legado objetivamente, naturalmente, por la historia. En Francia, centro político y vanguardia social coinciden felizmente. De ahí el, a pesar de todos los retrocesos, aspecto de continuidad política, en que cada momento de la revolución, incluso finalmente derrotado, nunca parece ser en vano. En España, por el contrario, la propia historia (imperial) que situó en el centro de Castilla el núcleo político del Estado, expulsó hacia su periferia el eje de desarrollo social burgués más avanzado. De ahí que el centro del radicalismo social y político no coincida con el histórico centro político del Estado. De ahí que los momentos de irrupción de masas den la imagen de dispersión, mientras que la tendencia a la unificación aparezca vinculada a las pulsiones conservadoras. De ahí que ambos respectos de la dialéctica masas-Estado parezcan oponerse totalmente, que la construcción del Estado parezca hacerse contra la revolución y no desde ella. No hay un París donde todo converja y se concentre, sino que Madrid, villa y Corte, aparece como opuesta a otro centro simbólico: Cádiz en un primer momento; se traslada a Barcelona en el crepúsculo de la revolución democrática. La propia movilidad del centro simbólico del radicalismo democrático abunda sobre la debilidad estructural de la base social de la burguesía revolucionaria.

Esta debilidad hace, en todo caso, más impresionantes los logros que el liberalismo español cosecha en este periodo. Logros que tienen más que ver con la creación de un contexto político-cultural que con conquistas materiales concretas, contexto político-cultural que impulsó las condiciones para el establecimiento general de la sociedad burguesa, y que, precisamente por eso, y a pesar de todas sus inconsecuencias, aún hoy pueden servir como ejemplo del estilo de una clase ascendente y revolucionaria. Así, en el contexto de la Europa post-napoleónica, dominada por la más intransigente reacción, condensada en la Santa Alianza, la Constitución de 1812 se convirtió, durante un tiempo, en referente internacional del liberalismo. Con ello mostraba que, a pesar de todas sus limitaciones, no se había alejado en demasía del contexto objetivamente revolucionario que la inspiró y en que se alumbró. Y es que muchos autores, la mayoría poco sospechosos de radicalismo, han definido la lógica del proceso político-jurídico que la alumbró, su espíritu, como republicano[22], aun por encima de lo plasmado formalmente en la letra. Y, entre ellos, cabe incluir a Marx[23], que, insistiendo en la paradójica contradictoriedad del proceso, rindió este tributo al texto constitucional:

“¿Cómo explicar el curioso fenómeno de que la Constitución de 1812, anatemizada después por las testas coronadas de Europa reunidas en Verona como la más incendiaria invención del jacobinismo, brotara de la cabeza de la vieja España monástica y absolutista precisamente en la época en que ésta parecía consagrada por entero a sostener la guerra santa contra la revolución?”[24]

El Congreso de Verona de 1822 será precisamente donde la Santa Alianza acuerde sofocar la revolución en España, tras haber intervenido anteriormente en Nápoles y Piamonte, donde en 1820 y 1821 sendas revoluciones liberales habían establecido regímenes constitucionales explícitamente basados en la Constitución española de 1812. Cabe pensar entonces que no andaban muy desencaminadas esas “testas coronadas”: el liberalismo español en este momento aún se alimentaba, y alimentaba a su vez, el internacionalismo revolucionario de la burguesía[25], cuya más alta expresión fue el jacobinismo. Igualmente, los heroicos pronunciamientos militares en España que jalonan los años 1814-1820, del que el de Riego es sólo el más afortunado (que no el mejor preparado), servirían de inspiración explícita a los decembristas rusos y su fracasado golpe contra la autocracia en 1825. Más aun, algunos de los supervivientes de esos pronunciamientos fracasados, tras escapar, pasan a América, donde los encontramos combatiendo junto a los rebeldes independentistas contra las tropas realistas de Fernando VII, como, por ejemplo, Francisco Xavier Mina, que encontrará la muerte luchando por la independencia de México.

El llamado Trienio Liberal (1820-1823) nos pone sobre la pista de otras constantes que determinarán el curso de la revolución democrática española durante el siguiente medio siglo. En primer lugar, el papel revolucionario del ejército, que, aunque decreciente a lo largo de este periodo, va a jugar un rol fundamental, que eclipsa al de los clubes y sociedades patrióticas. Diversas razones objetivas confluyen en ello (debilidad del Estado y de la sociedad civil burguesa, etc.), pero lo que nos interesa destacar es que la propia naturaleza del instrumento revolucionario determinaba el carácter y la proyección de la revolución, siempre dependiente del éxito táctico de la acción efectiva inmediata, incapaz de conectarlo orgánicamente con una acción de masas planificada y sostenida e impedido de dar a sus miembros una perspectiva de conjunto (a diferencia de los clubes que daban soporte al Comité de Salud Pública francés). En cierto modo, ello reproducía esa geopolítica revolucionaria que estamos refiriendo, donde la acción de masas aparecía desconectada, en dispersa contradicción con los instrumentos de poder que debían ordenarla: es allí, en la periferia, donde se multiplicaban lo que gráficamente se ha llamado “Robespierre de provincias”. Precisamente, en segundo lugar, 1820 vuelve a mostrar esa dinámica explosión de Juntas por doquier que, a su vez, van a dar lugar a una institución, ya planeada en 1812, pero que sólo ahora se materializa: la Milicia Nacional. Alrededor de estos elementos que ahora se asientan van a ir tomando cuerpo las diferencias que empiezan a apreciarse en el seno del liberalismo y que darán lugar, en la década de 1830, a la formación de los partidos progresista y moderado. Siempre estructuras de notables, nunca movimientos de masas cohesionados, el ala progresista, hija de los exaltados del Trienio, levantará como señas de identidad precisamente la autonomía de los municipios y la Milicia Nacional, mientras que el moderantismo, tempranamente preocupado por las posibilidades desbordantes del radicalismo de masas, se aferrará a la necesidad de reforzar y estabilizar las estructuras centrales de Estado. Mención aparte merecen algunas de las características ideológicas que van a decantar en el ala progresista del liberalismo y que son el reverso necesario de las limitaciones eclécticas y utilitaristas de la tradición ilustrada española. Si el pragmatismo conservador va a ser su continuación lógica en los moderados, un no menos lógico doctrinarismo abstracto, tan rígido en unos pocos axiomas como vago en la conexión sistemática entre los mismos[26], va a aparecer en los progresistas como necesario negativo de esas raíces ideológicas comunes.

El Trienio fue la prueba de fuego del liberalismo que alumbró la Constitución de Cádiz. Todas las limitaciones señaladas se pusieron en evidencia. De nuevo, la radicalidad objetiva de la situación no fue abarcada por la acción subjetiva-activa de los revolucionarios. Que la revolución era débil es una obviedad, como es obvia la debilidad de una reacción absolutista que necesitó de la intervención extranjera para derribar a los liberales. Si es verdad que la mayoría campesina del país observó pasivamente la contienda (las Juntas eran ya movimientos urbanos, fuertes en las capitales de provincia), también es cierto que nada efectivo hicieron los liberales para moverla:[27] el movimiento de masas campesino es el gran ausente de la revolución burguesa española. Otra característica del liberalismo del Trienio fue la ingenua esperanza en una ayuda exterior que supliera sus propias fuerzas e indecisiones. En este caso, la pueril confianza en la acción de Inglaterra para contener a la Santa Alianza. No sería la última la vez que la tradición progresista española justificaría sus, ya para entonces, capitulaciones especulando a la actuación de las democracias occidentales, siempre con las mismas trágicas consecuencias. Igualmente, el legitimismo continuista fue, no por última vez, la perdición de las fuerzas progresistas. Por más evidente que fuera la actividad conspirativa del rey, nadie pensó en tocar la Corona. Ni siquiera cuando la Guardia Real intenta un golpe reaccionario, sofocado por la Milicia Nacional, en julio de 1822 se hace otra cosa que sustituir la persona del rey por la institución monárquica de la regencia. Los casos esporádicos de terror revolucionario aparecen espontáneos y aislados, más bien como signo del propio colapso liberal en los últimos meses. Ello contrasta con el terror blanco, denso, masivo, decidido y sistemático, que se enseñorea del país a partir de 1823 y que horrorizó incluso a las fuerzas francesas de ocupación. Las inconsecuencias del Trienio supusieron el fin de la Pepa como referente revolucionario efectivo: los propios progresistas desestimarán el pronunciamiento de los sargentos de La Granja en 1836 y pasarán a elaborar la Constitución de 1837 con el objetivo expreso de “unir otra vez a la familia liberal” en un intento, rebaja de pretensiones democráticas mediante, de atraerse a los liberales moderados. Para estas fechas la revolución ya ha alcanzado su cénit y se aproxima a la culminación de sus logros materiales.

Hablábamos más arriba de que el Estado parece hacerse contra la revolución, más que desde ella. Pero ello no es, como ya señalábamos, sino la expresión en las condiciones españolas del mismo proceso europeo general, el de la predilección de la burguesía post-Revolución Francesa, ya totalmente decidida para 1848, por la vía prusiana de incorporación de las condiciones políticas para el establecimiento de la sociedad burguesa mediante el pacto con las fuerzas más flexibles del Antiguo Régimen, antes que desde una, ya peligrosa, acción revolucionaria de masas. Para inicios de la década de 1830, la propia quiebra del Estado absolutista español, el contexto político-cultural creado por la anterior generación de luchas liberales, así como el propio marco europeo (Revolución de Julio), hacen ineludible esa vía. Será ahora, durante la Primera Guerra Carlista, que la revolución realice las conquistas materiales que determinen la inevitabilidad del establecimiento de la sociedad burguesa en la formación social del Estado español. El propio Marx sitúa aquí su momento:

“(…) la guerra civil de 1833-1843 exterminó a sangre y hierro a los elementos caducos de la sociedad española (…). Mientras que los franceses centralizaron, y con ello redujeron el plazo del dominio del terror, los españoles, fieles a sus tradiciones, descentralizaron, y por consiguiente lo prolongaron. (…) Entre los españoles, para vencer, la propia revolución hubo de presentarse como pretendiente al trono. La lucha entre los dos regímenes sociales hubo de tomar la forma de pugna de intereses dinásticos opuestos.”[28]

Y es que, efectivamente, la revolución burguesa no puede ni quiere la demolición del Estado establecido, sino que es, en todas partes, continuidad de su desarrollo histórico. El propio carlismo —otro fenómeno de extraordinaria complejidad— indica que se da la expulsión de un sector de la vieja clase dominante y su sustitución por una nueva capa. El que el carlismo, a pesar de su contumacia y resistencia, sea relegado a la periferia geopolítica del país, en un fenómeno paralelo pero opuesto al del radicalismo democrático, indica que en el centro histórico de decisión política del Estado ha habido cambios sustanciales.

A su vez, la “tradición española” de descentralización, a través de la que se manifiesta la irrupción de masas en el proceso revolucionario burgués, no deja de afectar mediatamente a este Estado en su renovada conformación burguesa. De hecho es decisiva. Será a través del ala progresista del liberalismo en que se expresen y canalicen estas pulsiones. El progresismo, débil en Madrid y con el favor de la Corona siempre inclinado hacia los moderados, enarbolando esas banderas señaladas de autonomía municipal y Milicia Nacional, va a aprovechar esas erupciones urbanas de masas para instituir lo que se ha llegado a llamar “derecho de rebelión legal”, y que va a estar operativo al menos hasta 1868, cuando no hasta 1873. Así, los momentos álgidos de crisis revolucionaria, con su consiguiente multiplicación de Juntas provinciales y formación espontánea de milicias, van a ser, en combinación con pronunciamientos del ala progresista del ejército, instrumentalizados por los progresistas para auparse al poder central en un patrón[29] que es perfectamente distinguible en 1835, 1836, 1840, 1854 y aún en 1868. Este proceso que va desde el movimiento de masas hacia su reconducción hacia el Estado, de la periferia al centro, cambios ministeriales y empleomanía mediante, es la característica política clave del progresismo español y que, transfigurada, se mantendrá en las sucesivas mutaciones de éste. Aunque breves, pues la hegemonía ministerial y gubernativa corresponde al moderantismo, estas explosiones puntuales son decisivas para desencallar el proceso de cambio social y político. Son ellas las que impulsan las Desamortizaciones y la vigorización financiera y popular que permite al Estado sacar la guerra de su punto muerto y derrotar al carlismo: precisamente los hechos decisivos que suponen el fin definitivo del Antiguo Régimen. Para mediados de la década de 1840 la Iglesia católica española ha sido desmantelada como terrateniente feudal y, suprimidos los señoríos y los mayorazgos, se ha alterado el régimen jurídico que impedía la penetración de las relaciones mercantiles y capitalistas en el campo. Es cierto que esta penetración será muy lenta, pues, a cambio de la pérdida de sus privilegios jurídicos, la aristocracia no sólo mantiene la posesión de sus tierras sino que se beneficia, junto a la alta burguesía, del golpe dado a la propiedad territorial de la Iglesia. La debilidad de la burguesía española ha impuesto la vía prusiana: alianza con la aristocracia para la demolición controlada del orden jurídico-político feudal; y no la francesa: alianza de la burguesía con el campesinado sobre la base del reparto de la propiedad terrateniente.

Como venimos insistiendo, a esta opción decisiva de la burguesía contribuye, no menos que su debilidad, su miedo ante el nuevo actor social que ahora empieza a entrar en escena. No es casualidad que el fin del dominio progresista venga cuando su espadón, Espartero, bombardea Barcelona en 1842 para suprimir la insurrección que allí ha estallado y que, por primera vez, ya lanza proclamas abiertamente republicanas.[30] Es precisamente en estos momentos que Barcelona empieza a tomar el relevo de Cádiz como centro simbólico del radicalismo político del país. Allí, desde la década de 1830 florece un incipiente complejo industrial y allí, también en esa década, tienen lugar los primeros incendios de máquinas y fábricas que anuncian que una nueva clase social llama a la puerta del proscenio histórico. El que, a medida que descolla, el radicalismo barcelonés sea cada vez más identificado, no con la clase revolucionaria supuestamente vigente todavía, la burguesía, sino con la clase llamada a sucederla, el proletariado, dice mucho sobre las contradicciones que enfrenta la burguesía más avanzada que engendrará el ciclo revolucionario del siglo XIX en la formación social del Estado español: la burguesía industrial catalana.[31] La timidez con la que ésta intenta el asalto a la dirección política de un Estado español con el que no dejará de identificarse en todo este periodo, habla, mucho más que del carácter supuestamente arcaico y anti-burgués de este Estado, de los endógenos miedos de esta burguesía, ya comunes a todas sus colegas europeas post-1848, a que el forzamiento de ese pulso político entre distintas facciones de las clases dominantes facilite un asalto proletario.

De cualquier modo, para mediados de la década de 1840 el sector decisivo de la nueva clase dominante, hija de ese parto prusiano, es ya básicamente una clase satisfecha que pone manos a la obra para estabilizar y reforzar su Estado. Es aquí donde están los orígenes del moderno centralismo español, que no es tanto un producto del reformismo borbónico dieciochesco como del liberalismo satisfecho decimonónico.[32] Su pulsión básica no es el impulso de la revolución, como en el caso del jacobinismo francés, sino su suspensión. Es la vuelta al centro de un moderantismo conservador ya totalmente hostil al desorden radical de la “anarquía provincial” periférica. Es el asentamiento de la enorme máquina burocrático-militar separada y aparte que la burguesía propulsa como aportación propia al desarrollo histórico del Estado. Dos son sus banderas. En primer lugar, frente al municipalismo progresista, una Ley de Ayuntamientos que somete éstos al aparato burocrático central. Esta estructura, en combinación con el latifundismo agrario, dará lugar al fenómeno del caciquismo. En segundo lugar, frente a la Milicia Nacional progresista, hija de las Juntas y vinculada a la autonomía municipal, la constitución de la Guardia Civil en 1844. Como sólido núcleo policíaco-militar de carácter centralizado, una de sus señas históricas de identidad, con objeto expreso de dificultar su posible contagio democrático localista, va a ser la extrañeza de sus miembros respecto de la zona donde son destinados. Su trágica y sanguinaria fama represiva, y su popularidad entre las gentes de orden, que llegan hasta nuestros días, son bien merecidas, pues su propia constitución genética es la del acérrimo conservadurismo, enemigo encarnizado de cualquier prolongación democrática de la revolución. La Constitución de 1845, madre de la rama principal del constitucionalismo español, y el Concordato con el Vaticano de 1851, por el que se compensa a la Iglesia por la Desamortización, completan el armazón del régimen con el que el moderantismo liberal busca decretar el fin de la revolución. Y aunque la base material alcanzada será ya desde la que se desarrolle históricamente el capitalismo español, habrá de transcurrir otro cuarto de siglo para demostrarle que una revolución no finaliza ni con una orden gubernativa, ni encuadernando un pliego constitucional.


El último embate revolucionario y su culminación: la I República

Hemos situado la fecha constitucional de 1845 simbólicamente como cierre conservador de las conquistas materiales que ya ha definitivamente realizado la revolución burguesa española. Pero las mismas inercias revolucionarias van a continuar operativas durante otros treinta años más hasta agotarse con el Sexenio, cuando el miedo moderantista-conservador a la continuación de la revolución va a extenderse y dominar definitivamente al conjunto decisivo de la burguesía.

1854 es una falla en esta estabilidad artificiosamente decretada. Sigue el clásico patrón progresista de “rebelión legal”, pronunciamiento militar mediante, de reconducción del movimiento de Juntas hacia el aparato de Estado establecido para un cambio de Gobierno. Sus medidas, como la continuación de la Desamortización, así como la mayor apertura constitucional, también perseveran la línea progresista establecida y propiciarán en la década siguiente una expansión capitalista sin precedentes (la Década Moderada había sido más bien un tiempo de estancamiento económico), con características ya estructurales (protagonismo del capital extranjero y del especulativo, que en ese momento convergen en el boom del ferrocarril). En este sentido, las dinámicas de Cádiz siguen vigentes. No obstante, podemos advertir un incremento significativo del miedo al desbordamiento por la izquierda. La insurrección de 1856, cuya derrota pone fin al Bienio, se salda con, entre otros lugares, importantes combates en Madrid y se decide por una cadena de defecciones que, desde Espartero a la Milicia Nacional, deja a los sectores populares (entre ellos un relevante segmento artesano en trance de proletarización) solos contra las tropas. Si en 1843 fue el espadón progresista, con su actuación, el que se alejó de sus propios seguidores, confundiéndolos y desorganizándolos para una década, en 1856 es el propio bloque progresista el que se aleja atemorizado de una parte significativa de su, hasta ahora, base social. De esta huida y de su comunión con el sector flexible del viejo moderantismo nace la Unión Liberal que dominará la política española por una década, anunciando futuras operaciones de ampliación del régimen político. A la izquierda de esta maniobra nace el partido demócrata y ya, entre dos aguas, la vieja tradición del progresismo que, de nuevo significativamente, va a encontrar uno de sus principales soportes sociales en la pujante burguesía industrial catalana. El ascendente fenómeno del por entonces conocido como “hecho diferencial catalán” y que anuncia los balbuceos de una moderna nacionalidad se expresa en aquel tiempo, en la política del Estado, como cuestión arancelaria: frente al librecambismo de base agrario-financiera, protección para la naciente industria nacional (que, por entonces, los propios industriales catalanes adjetivan todavía como española[33]). Sobre un profundo e imprescindible estrato lingüístico-cultural catalán se empieza a acentuar la diferencia de estructura económica que creará las condiciones para la emergencia de una nación moderna.

Algunos elementos esenciales que ya van a ser característicos y que expresan el asentamiento del capitalismo en la formación social del Estado español para la década de 1860 son la articulación del naciente movimiento obrero, con epicentro en Catalunya (donde se había producido ya la histórica huelga de 1855), y el despertar de la rebelión contemporánea del campesinado andaluz, siempre hambriento de tierra pero ya, tras las Desamortizaciones, sin las mínimas seguridades que las viejas estructuras feudal-comunitarias aún podían proporcionarle: la gran rebelión de Loja en 1861 puede considerarse como indicativo de las nuevas formas que toma este secular grito del Sur, desgarradoramente audible durante los siguientes ochenta años de la historia del país.[34] Éstos son ya fenómenos sociales que la vieja tradición liberal-progresista no puede objetivamente abarcar y que no hacen sino incrementar sus recelos y aprensiones.

Aun así, la tradicional cerrazón conservadora borbónica, que estrecha la base del régimen y acelera una grave crisis política, expresada a través de sangrientos episodios (Noche de San Daniel, sublevación del Cuartel de San Gil…), unida a la crisis económica internacional que se propaga desde 1866, forzarán una última reedición de ese viejo estilo de “rebelión legal”. Será de nuevo la línea que mantiene la continuidad del viejo progresismo, acaudillada ahora por Prim, quien se ponga a su cabeza. Sin embargo, dos hechos son característicos. En primer lugar, lo que expresa la radicalidad objetiva de la crisis, el que Prim ya no busque un simple cambio de Gobierno, sino un cambio dinástico (“¡Borbones, nunca más!”) que instituya una monarquía burguesa constitucional a la inglesa; esto es, una apertura del campo de juego institucional a más sectores burgueses (como esos industriales catalanes) con la acentuación de los rasgos parlamentaristas del régimen. Esta radicalización anti-dinástica de la vieja línea progresista se va a ver paradójicamente acompañada, en segundo lugar, por un pertinaz esfuerzo para exorcizar cualquier participación popular de masas en el movimiento[35]; indicativo de la incapacidad subjetiva del progresismo para abarcar la radicalidad de la situación. Sólo tras varios intentos fallidos de pronunciamiento militar y ante la evidente debilidad de la “conspiración de notables” dejada a sus solas fuerzas, acabará Prim llamando a los demócratas para sus empeños opositores. No obstante, la miopía del círculo cortesano de Isabel II terminará por expulsar a los propios liberal-unionistas de la gestión del régimen (destitución de O’Donnell tras la represión de la revuelta de San Gil). A ellos se dirigirá raudo Prim entonces en detrimento de sus socios demócratas. De este modo, antes del levantamiento, en las gestiones conspirativas de gabinete, el progresismo había ya realizado su maniobra clásica: de las masas a la estructura de Estado establecida (desde los demócratas a los liberal-unionistas como socios preferentes para la sublevación). El resultado es que, incapaz de neutralizar el hondo descontento de masas que el propio Prim había renuentemente convocado, pero igualmente decidido a ignorarlo, la imposibilidad para estabilizar el nuevo escenario político estará servida de antemano: desde el primer momento la preocupación de los inspiradores de la revolución va a ser contener cualquier desbordamiento de masas por la izquierda. Tal es la constante de todo el llamado Sexenio revolucionario.

En septiembre de 1868, con la sublevación de la escuadra en Cádiz al mando del almirante Topete (liberal-unionista, es decir, la derecha del Bloque de Septiembre) bajo el grito de “¡Viva España con honra!”, se inicia el Sexenio revolucionario y, con él, la última fase de la revolución burguesa española. El pronunciamiento fue seguido por la clásica multiplicación de Juntas urbanas y la formación de una milicia, continuadora de la tradición de la Milicia Nacional: los Voluntarios de la Libertad. No obstante, y a diferencia de las décadas anteriores, el movimiento de masas provincial expresado en las Juntas no es utilizado como trampolín de acceso al Gobierno, sino que éste se forma contra aquéllas, que quedan excluidas del aparataje gubernamental copado por el tándem progresista-unionista.[36] El agotamiento político del ciclo revolucionario burgués es evidente. Sin embargo, las masas, como es habitual, han hecho acto de presencia y los nuevos y viejos descontentos no pueden ser fácilmente conjurados. Así, la luna de miel de unidad que toda revuelta triunfante concita entre sus heterogéneos participantes es de una notable brevedad y las acciones gubernamentales tornan prestamente represivas. Ya a los pocos días del glorioso triunfo, para primeros de octubre, Sagasta, desde Gobernación (antigua denominación de lo que hoy vendría a ser el Ministerio del Interior), ordena la disolución de las Juntas y el desarme de los Voluntarios. Los representantes de la vieja tradición progresista no sólo pasan por encima de las formas municipalistas, sino que ahora usan gustosamente la maquinaria burocrática centralizada edificada por sus antiguos rivales moderados. Y aunque la mayoría de las Juntas y milicias aceptan mansamente las directivas gubernamentales, a las más díscolas, significativamente en Andalucía, será necesario aplicarles jarabe de metralla para arrebatarles sus armas. Otras milicias, como los Voluntarios de Barcelona, que no se desarman, dada su fuerza y apoyo social, serán prudentemente dejadas en paz en estos primeros meses.

A pesar de su fortaleza —se calcula en unos 40.000 los miembros encuadrados en los Voluntarios de la Libertad en un primer momento[37]—, la tradición localista-municipalista del movimiento democrático de masas y la propia desorganización y división de sus inspiradores demócratas (el mismo partido se escinde entre ala derecha, inclinada por la política de “sensatez” y orden y el ala izquierda que da lugar al partido republicano, pronto separado a su vez en unitarios y federales), impiden toda coordinación y uso coherente de esta fuerza potencialmente poderosa pero dispersa por todo el territorio. Así, mientras unas aceptan el desarme, otras resisten armas en mano, pero sólo en el momento en que ellas mismas son afectadas por las exigencias de las fuerzas gubernamentales, sin coordinación con otras apercibidas o bien antes o después. Así, un reguero de combates aislados e inconexos se va sucediendo hasta culminar en la insurrección, abiertamente republicana, de septiembre de 1869 que se extiende por Catalunya, Aragón, Levante y Andalucía. Acto reactivo y descoordinado, la derrota de la insurrección favorece un importante desencanto obrero respecto a los republicanos[38], hacia los que, como es constante en toda Europa, se dirigían las simpatías políticas iniciales del movimiento obrero. Esta decepción facilitará la penetración del apoliticismo bakuninista que ya empieza a copar hegemónicamente las incipientes secciones españolas de la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT).

El desencanto popular contra el régimen se va a ver agravado por otro hecho fundamental. En octubre de 1868 estalla la insurrección independentista en Cuba. Gráfico ejemplo de la máxima internacionalista “un pueblo que oprime a otro no puede ser libre”, la guerra que se extiende por la isla caribeña va a ser, como expresivamente sentenció un historiador, “el cáncer de la revolución de Septiembre”.[39] Alrededor de ella acumula fuerzas la reacción española que, desde un primer momento, fija límites infranqueables respecto a la independencia de la isla o a la alteración de su régimen sociopolítico, imposibilitando cualquier iniciativa respecto a posibles negociaciones y acuerdos con los insurrectos, la abolición de la esclavitud, etc., forzando, por tanto, a la continuación intransigente de la guerra. Ello agrietará aun más el suelo social de cualquier régimen que busque asentarse como resultado de la revolución de 1868. Efectivamente, dos elementos de hondo arraigo estructural concitaban un especial odio popular por cebarse primordialmente con los sectores más humildes de la sociedad: un régimen fiscal en el que tenía importante incidencia la imposición indirecta sobre los productos de primera necesidad, los consumos, y el sistema de reclutamiento militar de quintas. De hecho, las primeras proclamas de las Juntas habían ido dirigidas a la abolición, más bien simbólica, de estos elementos. No obstante, dado lo inalterado de la estructura del Estado tras Septiembre, los recursos financieros y humanos que demandaba la política bélica de colonialismo a ultranza impedían, más allá de toda buena voluntad, aliviar estas cargas que pesaban sobre la masa de la población. Y no era sólo que la guerra en Cuba suscitaba la intransigencia, a derecha, y la impopularidad, a izquierda, respecto del Bloque de Septiembre, sino que un sector burgués decisivo de este mismo Bloque, los industriales catalanes, a los que Prim era muy sensible, también eran enemigos de cualquier alteración del régimen colonial en la isla, cuyo comercio les proporcionaba unos beneficios que no podía compensar el débil mercado interior peninsular. Desde un punto de vista histórico, la cuestión cubana es sintomática respecto del agotamiento del ciclo de la revolución burguesa española. Si en la época heroica de ésta, allá por 1814-1823, los exaltados liberales españoles habían identificado en los rebeldes americanos a una parte de su misma causa y, más aun, como hemos visto, incluso habían colaborado con las armas en la mano en la lucha independentista, para su crepúsculo, en 1868-1874, sus herederos directos, el progresismo liberal y los demócratas, eran incapaces de desplegar una efectiva política alternativa a la del colonialismo esclavista más reaccionario. Tampoco los continuadores lógicos de éstos, los republicanos, escaparán a esta suerte. Además de la falta de control sobre el aparato de Estado que, en medio del caos y la crisis política, afectó a todos los gobiernos de la I República, y que hacía inefectiva sobre el terreno en Cuba cualquier pretensión de conciliación y reforma política, el hecho esencial es que los republicanos también participaron de la negación chovinista de la dimensión nacional del problema colonial cubano. Como indicó Tuñón de Lara: “(…) todos, absolutamente todos, pasaban de lado por el problema esencial, que no eran las reformas, ni siquiera la esclavitud, sino el despertar de la nacionalidad cubana”.[40]

Sumadas todas estas circunstancias de crisis social y política, la ampliación de derechos civiles liberal-democráticos que la nueva Constitución de 1869 proporcionaba (sufragio universal masculino, libertad religiosa, matrimonio civil, jurados, etc.) no podían por menos que evidenciarse como un vacío formalismo que, lejos de ayudar a paliar esas crisis, la patentizarían tan pronto como la inestabilidad obligó a suspender las garantías constitucionales. Para finales de ese año la propia burguesía industrial catalana estaba desencantada tras la aprobación de un arancel radicalmente librecambista (ejemplo del dogmatismo abstracto tan caro a la tradición progresista española[41]). El Bloque de Septiembre, siempre frágil en su derecha unionista, acabó por deshacerse en la búsqueda de un nuevo rey. Así pues, a su llegada al país en enero de 1871, justo tras el asesinato de Prim, Amadeo I de Saboya se encontró sin ninguna base social ni política. Por si fuera poco, para 1872 la guerra carlista rugía otra vez en el norte. Baste indicar, como ejemplo representativo de los dos años de aguda crisis política que marcaron su reinado, la crisis militar con el arma de artillería, significativo acontecimiento, nuevo indicativo del agotamiento del ciclo revolucionario-burgués español, que señala el irrevocable final histórico del Ejército español como escuela de política liberal, pasando ya esta institución a ser un bastión definitivamente conservador y reaccionario.[42] Hastiado de una situación incontrolable, Amadeo abdica en febrero de 1873, convirtiéndose, como diría Engels sardónicamente, en “el primer rey huelguista”.[43] Las Cortes proclaman la I República el día 11, pero quedando ésta sin definir en su forma constitucional y estructura administrativa.

La I República española no vino, pues, a diferencia de en Francia, de la mano del vigor histórico ascendente de la burguesía, sino que fue el resultado negativo de su incapacidad para asentar una forma política estable para su régimen. Esta incapacidad respondía, por un lado, a la forma específica que había tomado esa revolución en España, a los pactos de clase que la determinaron y a la servidumbre de las dinámicas sociales que estos mismos pactos aperturaron. Pero, por otro lado, ello expresaba el miedo del burgués maduro, históricamente muy cabal, a la nueva clase proletaria que emergía como producto del desarrollo de las relaciones sociales que su misma revolución había propiciado.

Ello se expresa, en primer lugar, en la debilidad de la base social del republicanismo, así como en la de su propia estructura como movimiento político. Y es que el mismo republicanismo ya estaba en crisis antes de la propia proclamación de la República. Él mismo había reproducido las propias dinámicas que habían afectado al liberalismo del medio siglo anterior, expresión de la forma que adoptó en estas tierras la lógica histórica masas-Estado de la revolución burguesa. Primero, separó a los unitarios, más conservadores, respecto de los federales, últimos y radicales herederos de la lógica democrática decimonónica masas-provincias-autonomía municipal. Pero, a su vez, dividió a estos últimos entre el sector parlamentario dirigente a nivel estatal y los cuadros provinciales más vinculados al movimiento de masas urbano y a la dinámica de Juntas, que recibieron el nombre de federales intransigentes. En el federalismo se muestra la forma acabada del radicalismo democrático que engendró la forma española de la revolución burguesa. El doctrinarismo, tan abstracto como vago, propio de la tradición progresista, tomó también aquí su forma más extremada[44] y, entrelazado con el municipalismo, impidió, no sólo la articulación general del movimiento, sino también cualquier visión amplia de la situación política del país.

Este dogmatismo procede de la misma base social del movimiento. Efectivamente, el federalismo se alimentaba del radicalismo de la pequeña burguesía urbana de provincias en un país cuya forma de desarrollo capitalista estaba acentuando una histórica pluralidad económica de corte estructural. Reactivamente opuestos por tradición histórico-política al armazón administrativo central que proveía una unidad burocrática sobre esta heterogeneidad, sólo cabía a los federales una forma de encontrar la unidad social y política a su movimiento y a su régimen: buscar la alianza con el campesinado, despertando su movimiento para una ofensiva contra la gran propiedad terrateniente. Pero este campesinado, hambriento de tierras y para el que federal era sinónimo de lo que en la Francia de 1848 había sido la sociale[45], no era ya un labrador feudal, sino que la apelación al mismo convocaba necesariamente a su más desarrollado y consistente pariente: el proletariado urbano. El pánico a esto, históricamente necesario, fue la quiebra para un federalismo que se devoró a sí mismo tratando de desviar la crisis social desde esta inquietante perspectiva hacia el problema de la forma político-administrativa y constitucional de articulación del Estado burgués. Tal es, ya desde entonces, el sentido histórico del republicanismo español, expresión de una fracción de clase, tan tímida como inestable, que ha llegado tarde al escenario de la historia.

E insistimos, a diferencia de hoy, había entonces un programa económico democrático que tenía contenido (el reparto de la tierra), pero que el propio republicanismo se negó a considerar. Ya antes del advenimiento de la República cualquier medida agraria en este sentido brilla por su ausencia en los programas y recetarios republicanos. Lo más parecido eran las ideas, de influencia mutualista proudhoniana, del principal exponente intelectual del republicanismo federal, Pi y Margall, respecto al desarrollo del crédito para facilitar el acceso del campesinado a la tierra por la vía del mercado[46]; precisamente, por oposición a la vía revolucionaria de acceso a la misma. Tal es la impronta del socialismo margalliano. Más aun, en una línea tremendamente característica del estilo histórico del republicanismo, y que en sus diferentes versiones llega hasta nuestros días, la agitación de los republicanos desde 1868, también en el campo, había ido en la dirección de “aplazar la cuestión social hasta la llegada de la República”.[47] Es decir, ya antes de 1873, la actividad republicana se dirigía en la línea de contener y desviar la inquietud social, mostrándose, también aquí, como digno heredero de la tradición progresista, ya totalmente dominada por el miedo al desbordamiento de masas por la izquierda. La decepción del esperanzado campesinado, de simpatía republicana, sería, no por última vez, inmediata. Las tímidas medidas destinadas al agro aprobadas por el parlamento republicano no fueron sino papel mojado, fácilmente anuladas a partir de 1874. Lejos de los floridos debates en las Cortes, en los campos andaluces y extremeños, siguió imperando durante todo el Sexenio la ley de hierro que ya empezaba a ser la habitual del orden agrario burgués español: una Guardia Civil con creciente destreza en la gestión de la amarga rebeldía campesina mediante la aplicación de la ley de fugas.[48]

Esta misma línea se manifestó respecto al proletariado urbano. No es sólo que las erráticas e inconexas aventuras insurreccionales de los años previos hubieran agotado la confianza de la masa decisiva del proletariado en la dirección de los republicanos federales (el proletariado barcelonés permaneció pasivamente a la observación durante la insurrección cantonal del verano de 1873), sino que las propias autoridades, ahora republicanas, continuaban con la anterior represión monárquica contra el movimiento obrero.[49] Significativamente, el miedo burgués, simbolizado en los debates parlamentarios respecto a la AIT y su ilegalización, que coparon una parte significativa de la actividad de las Cortes, especialmente tras la Comuna de París, continuó presidiendo la vida política durante el periodo republicano. Sería la propia República, todavía formalmente el régimen político imperante tras el golpe de Pavía, la que ilegalizaría finalmente a la AIT en enero de 1874.[50] Y aunque en la historiografía española de tradición marxista del siglo XX, muy marcada, a pesar de todos sus méritos (véase Tuñón de Lara), por la experiencia frentepopulista, se ha criticado mucho la actitud del movimiento obrero, dominado por el bakuninismo, en cuanto a que debilitó objetivamente la base social de la I República, esa misma historiografía ha subrayado a su vez los pocos méritos que esa República hizo para que el proletariado pudiera considerarla como un régimen digno de defender con su sangre. De hecho, lo remarcable es que tantos obreros de las ciudades del Levante y Andalucía siguieran todavía a los federalistas intransigentes en julio de 1873. Precisamente, el meollo y el espíritu de la crítica que Engels dirigió a esta experiencia no estriban en que los obreros trataran “izquierdistamente” de desbordar un régimen que no estaban históricamente preparados para reemplazar. Más bien, lo que Engels subraya repetidamente es que el apoliticismo bakuninista desarmó a la clase obrera, no dándole más opciones generales que la pasividad o el seguidismo respecto de las incoherencias de los federalistas intransigentes.[51]

Sin embargo, como venimos adelantando, el temor del republicanismo respecto de los desbordamientos por su izquierda, junto a sus propias e intrínsecas limitaciones, se cobró su principal víctima en sí mismo, descomponiéndose de forma lamentable y grotesca, y desacreditándose para varias décadas (en general, y definitivamente en su forma federal en particular). Y es que, como decimos, con el federalismo llega a su máximo punto de tensión en España la contradicción que articula la revolución burguesa en torno a la dialéctica masas-Estado. Su bancarrota no es sino la expresión de la culminación de esta revolución y la confesión de la imposibilidad de ir más allá desde esos mismos presupuestos. El federalismo es el vástago último de la forma que en España toma la irrupción de masas en la revolución burguesa, esto es, empuje hacia la periferia, explosión democrática de Juntas, focalización en lo local como eje de articulación política, etc. No obstante, toda la lógica política de la revolución burguesa, históricamente insuperable desde sí misma, va en la dirección dialécticamente contradictoria de construcción del Estado como máquina burocrática-militar especializada, como aparato sólido separado y aparte. El federalismo podía mantener cierta coherencia como el partido de la oposición democrático-burguesa radical, como banderín de enganche y encuadramiento hacia el orden burgués de una heterogénea radicalidad urbana provincial de masas. No obstante, tan pronto como la incapacidad del bloque de clases dominantes para estabilizar su orden le diera, siempre más por demérito de éstas que por virtud federal, el timón de mando del Gobierno central, la tensión entre la lógica histórica necesaria del momento y la idiosincrasia del propio federalismo se harían insostenibles. Esto es lo que se demostró en la primavera y el verano de 1873.

Si el republicanismo ya se había dividido antes de la abdicación del rey entre unitarios y federales, la propia radicalidad de la crisis política va a poner el Gobierno republicano en manos de los segundos. Rápidamente, como señalábamos, es en el interior de los propios federales que se va a reproducir esa misma división. Como había venido siendo habitual durante todo el siglo, también la proclamación de la República fue acompañada por una explosión de Juntas en los núcleos urbanos de provincias. Desde allí los cuadros y las bases del federalismo, los llamados intransigentes, presionan para, por fin, llevar inmediatamente hasta sus últimas consecuencias políticas la lógica de masas de la revolución burguesa española: se trata de re-edificar el Estado de abajo-arriba sobre las Juntas como base constituyente.[52] Ya no pueden ser éstas un mero trampolín para un cambio de Gobierno, sino el propio esqueleto de la estructura estatal. No obstante, como también hemos señalado, la exaltación retórica del radicalismo democrático no viene acompañada, demagogia aparte, por ningún esfuerzo consistente por vincularla a cambios estructurales sociales y económicos que, ya hemos visto, aún podían encontrar un contenido en el campo español. La agitación de los intransigentes consistía entonces esencialmente en una pura proyección político-constitucional que tiene que ver con la forma y momento del establecimiento de la república federal, vacía de cualquier referencia socioeconómica correlativa.[53]

Frente a estas demandas de acción política, los académicos que formaban el liderazgo del federalismo en las Cortes y el Gobierno de Madrid, con Figueras y Pi y Margall a la cabeza, van en la dirección opuesta. Aunque su objetivo es también una república federal, para ellos se trata de realizarla desde la continuidad legal, institucional y constitucional: hay que convocar unas Cortes Constituyentes que den legitimidad legal-procedimental al nuevo régimen federal. Hay entonces que esperar hasta la actuación de estas futuras Cortes. De este modo, reaparece otra de las características constantes que hemos visto en la revolución burguesa española, expresión de las históricamente necesarias limitaciones subjetivas para generar una vanguardia de tipo jacobino que pudiera actuar con independencia histórica: el temor a la ruptura; el continuismo y el legitimismo legalista. Fue ésta la forma ideológica desde la que la dirección central del federalismo en Madrid explicó, y se explicó a sí misma, la verdad de que no cabía demolición del aparato del Estado por la revolución burguesa, de que ello era intrínsecamente un contrasentido histórico. No obstante, dada la geopolítica de la revolución burguesa española, la lógica de la misma y la radicalidad de la situación objetiva propiciada por la crisis política, la misma y necesaria erección de la dirección federal en representante de la continuidad histórica en la construcción del Estado la separó de su propia y más íntima base social de masas y le obligó a actuar contra ella. De esta manera, tan pronto como en febrero de 1873, el propio Pi y Margall, desde Gobernación, ordena la disolución de las Juntas y la restitución de los antiguos Ayuntamientos, así como emite instrucciones a los gobernadores en provincias para que actúen con energía en tal empeño.[54] No cabe hablar de extensión de “bloques históricos” hacia el campesinado o, mucho más improbablemente, hacia el proletariado, pues la República ha perdido inmediatamente su propia y nuclear base pequeñoburguesa urbana.

Por supuesto, en estas circunstancias, la reacción está trabajando a pleno rendimiento en varias direcciones. La guerra carlista continúa y hace imprescindible un ejército que el propio tercer Presidente de la República, Salmerón, explicará que “nunca quiso republicanizar”[55]; la guerra en Cuba sigue siendo el bastión alrededor del cual se atrincheran los elementos más ultras del aparato del Estado; aparato del Estado que es cada vez más difícil de controlar por un Gobierno republicano cuyos esfuerzos para salvarlo se ven así ingratamente recompensados; la conspiración alfonsina liderada por Cánovas gana cada vez más adeptos entre antiguos demócratas, progresistas y unionistas… Para abril de 1873 se produce un primer golpe reaccionario, de confusa inspiración radical-monárquica[56], pero que es exitosamente sofocado. La I República vuelve a tener una oportunidad: una actuación enérgica tal vez pueda reforzar la posición del Gobierno, así como quizá tender puentes de nuevo respecto de su propia base urbana en provincias. Otra vez, será a través de Pi y Margall como se exprese la impotencia republicana. Éstas son sus propias palabras: “Es indudable que tras el 23 de abril yo tenía un poder inmenso; a consecuencia de los acontecimientos del 23 de abril el gobierno se había convertido en una dictadura revolucionaria.”[57] Pi y Margall se niega a seguir la propia lógica que la radicalidad de la situación política ha establecido de hecho y, en las antípodas de ello, la remite al curso del proceso legal parlamentario y constituyente para el establecimiento de la república federal.[58]

Esto es el colmo para las hastiadas bases federalistas. La dinámica insurreccional, siempre reactiva, viene desde 1869 (valga como ejemplo el apoyo que los federales intransigentes habían dado al levantamiento de las tropas en Ferrol en 1871) y la tradición progresista del “derecho de rebelión legal”, del que ahora son herederos últimos los intransigentes, da suficiente referencia y cobertura política a su impulso. Entre julio y agosto de 1873 se produce la insurrección cantonalista que se extiende principalmente por Levante y Andalucía. Coherente con toda una dinámica histórica, lleva hasta sus últimas consecuencias la lógica progresista juntista-localista de masas. Cada Cantón se declara soberano e independiente en espera de un proceso de libre asociación federal que edifique la república de abajo-arriba. Sin embargo, la triste realidad del proceso va a mostrar, a su vez, el propio agotamiento histórico de la potencialidad efectiva de tal lógica. Sin ningún contenido económico respecto al problema de la tierra, la masa campesina, casos puntuales e inconexos de jacquerie aparte, queda al margen, así como también el bastión proletario catalán[59], quemado ya por el aventurerismo inconsistente de los federales en los años previos. Sólo en Alcoi los obreros lideran una huelga insurreccional que se apaga tan pronto como el apoliticismo bakuninista se muestra incapaz de darle recorrido y horizonte.[60] En el resto de ciudades donde se proclaman cantones los obreros locales siguen espontáneamente a los federales intransigentes. Pero estos mismos, temerosos de tal compañía, se abstienen de forzar una resistencia consecuente y tienden a abandonar a los obreros en la lucha.[61] Todos los cantones caen en unas pocas semanas, o incluso días, a manos de una reducida fuerza combinada de soldados y guardias civiles. Sólo Cartagena resistirá hasta enero de 1874, y ello, más bien, por el hecho de ser un puerto naval bien fortificado que las propias fuerzas gubernamentales tienen reparos en asaltar. Pi y Margall, presidente desde junio, dimite el 18 de julio para evitar mancharse con la sangre de los insurrectos. Al menos, a la vergüenza histórica de su actuación política no añadió la vergüenza moral del carnicero. En el futuro, no todos los oportunistas del movimiento obrero podrán decir lo mismo…

Desde este momento, la revolución ha finalizado y con ella el ciclo político de la revolución burguesa española. A la I República, girando ya decididamente hacia la derecha, no le quedará más que esperar, impotente, los golpes militares que traerán la Restauración borbónica.

Sin embargo, la Restauración es interesante para observar cómo en la dialéctica masas-Estado de la revolución burguesa, incluso en su versión prusiana, la acción de masas y los momentos de su irrupción también se imprimen en el carácter del Estado. Aunque, como hemos señalado, lo hacen mediatamente, de forma defensiva y siempre bajo el control conservador del aparato de Estado. Así, la experiencia cantonal no sólo dio más cohesión al bloque de clases dominantes que había venido conformándose en el medio siglo anterior, desterrando ya para siempre de la estructura cultural y política del país el instrumento de la “rebelión legal”, sino que también imprimió definitivamente en la conciencia colectiva del núcleo de estas clases ese temor cerval que identificará la agitación de masas con la desintegración territorial, ya parte permanente del imaginario del nacionalismo español. Esto por lo que respecta al aspecto puramente negativo de esa experiencia. No obstante, esa negativa cohesión defensiva de las clases dominantes permitió a su vez, finalmente, la positiva estabilización conservadora del régimen político burgués. Excluidos los republicanos, la mayor parte del Bloque de Septiembre progresista-demócrata se reintegró al juego político y se prestó gustoso al diseño de Cánovas. Haciendo balance y aprendiendo de las experiencias anteriores, Cánovas comprendió que su pulsión ultra-conservadora debía atemperarse para permitir una representatividad de conjunto de las clases dominantes que, en combinación con el temor a nuevos sobresaltos, permitiera un turno ordenado que diera cierto espacio a la expresión y satisfacción de unos intereses no homogéneos, siempre, claro está, garantizando el orden social y político básico. Así nace el moderno parlamentarismo español. Permanentemente temeroso y conservador, sus taras, vinculadas con la estructura agraria latifundista, no ocultan el hecho de que el turnismo de la Restauración acabó incorporando una buena parte de los elementos formales de la Constitución democrática de 1869. Ello se produjo por intermedio de las estancias en el Gobierno del Partido Liberal. Su líder, Sagasta, antiguo progresista y “hombre de 1868”, aunque aceptó la nueva Constitución de 1876, situó como programa de partido el introducir en ésta las conquistas liberales de la Carta de 1869. De este modo, entre las décadas de 1880 y 1890 se restablece el sufragio universal masculino, el jurado o una ley de asociación inspirados en el Sexenio.[62] Así, Cánovas consiguió una versión conservadora de lo que Prim había intentado en 1868 en clave liberal.[63] El régimen político de la burguesía se había estabilizado y ya desde él se desarrollaría históricamente el capitalismo español. Como decimos, las taras y artificiosidad de este parlamentarismo (caciquismo) tienen que ver con una estructura agraria que nadie, no sólo los progresistas sino tampoco los republicanos federales, es decir, ningún sector de la clase burguesa, se planteó seriamente alterar. En cuanto al carácter formalista de los derechos expedidos: es algo universalmente congénito a la democracia burguesa y sólo el filisteísmo pequeñoburgués solloza por ello; nunca el proletariado independiente, consciente de portar una potencialidad histórica radicalmente superior.


La sombra alargada de la revolución burguesa en el Estado español

Como hemos dicho, la revolución burguesa es por definición establecimiento de las condiciones para el desarrollo del capitalismo. Ello, desde un punto de vista político y cultural se expresa como aparición de la nación en el moderno sentido del concepto. Ésta es la razón por la que en el presente texto hemos usado indistintamente los vocablos España o español junto al que seguimos prefiriendo, a pesar de su posible inducción a la confusión, al hablar de la actualidad, esto es, Estado español. Y ello no es ninguna concesión a la ola reaccionaria de nacionalismo español en boga, que hoy, por ello mismo, hay que combatir sin concesiones y con más ahínco si cabe, sino que se debe a la precisión materialista. La posible confusión del uso de Estado español estriba, por cierto, en que cabe estirarse hasta dar a entender que no existe una nación española, y que el armazón burocrático-militar que se erige como cárcel de naciones sería algo así como un leviatán cosmopolita sin ningún carácter nacional: es la fábula anti-materialista, que ya hemos denunciado, de la opresión nacional sin nación opresora, subterfugio de un sector radicalizado y minoritario de la pequeña burguesía española para desviar las contradicciones sociales del capitalismo, también inevitables en el corazón de la nación opresora, hacia artificiosas problemáticas de clase ajenas al proletariado. Y es que en todo este ciclo revolucionario burgués (1808-1874) lo que emerge y lo que está en el candelero desde el punto de vista del principio nacional es precisamente la nación española. Es ella la que viene al mundo en 1808 y además, en plena congruencia con el momento histórico, como nación en armas. Porque, para pesar de todos los nacionalistas, la nación no es un hecho natural eterno e inamovible, sino que, como todas las formas de expresión de la materia y también de la materia social, aparece bajo determinadas circunstancias, se desarrolla y, bajo otras condiciones, desaparece. Y, por supuesto, está históricamente condenada a desaparecer.

Será a través de todas las luchas de clases de este ciclo revolucionario burgués, de sus correlaciones y de sus resultados como se forje una cultura política nacional. Serán estas mismas luchas las que marquen los límites estructurales de la nación española y permitan el desarrollo de otros fenómenos nacionales. Los orígenes de éstos en su moderno sentido burgués, es decir, nacional en la acepción materialista histórica del concepto, no toman forma hasta el último cuarto del siglo XIX, cuando el ciclo de la revolución burguesa española, nada casualmente, acaba de terminar. Ellos, como en el caso español, se asientan en un, tan secular como dinámico e imprescindible, estrato lingüístico-cultural que se hunde en la Edad Media (e incluso más allá), pero que necesita de un algo más económico y social para dar vida a una moderna nación burguesa.

Ese algo más se activa cuando a la culminación de la revolución burguesa española ésta haya demostrado que, lejos de superar una heterogeneidad de partida (común en cualquier conglomerado social feudal), la ha incluso acentuado. Las raíces de ello se hunden en la historia de los siglos precedentes y van apareciendo ante los actores como magnitudes objetivas dadas naturalmente de partida. De ahí ese término de geopolítica de la revolución burguesa. Así, nos hemos limitado a señalar que la historia imperial castellana acabó por escindir el centro político del Estado de sus núcleos de avanzada social mercantil y capitalista, mostrándose la revolución burguesa incapaz de reconciliarlos. Dada la fortaleza de la vieja aristocracia y su propia debilidad, la burguesía española fue empujada a esa forma de pacto prusiano con aquélla. De este modo, se estableció en lo que va ser el núcleo nacional español una simbiótica forma de desarrollo burgués agrario-especulativo, respetuosa del latifundio a la vez que muy vinculada a los negocios de Estado, con su correlato de desinterés industrial y lentitud y debilidad en el desarrollo del mercado interno. Bastó que la vanguardia del desarrollo burgués, ya tras el primer tercio del siglo XIX en la forma de capital industrial, aterrizara en un punto de la periferia política con una históricamente poderosa tradición cultural-lingüística propia para que el despliegue heterogéneo de estructuras económicas deviniera inevitablemente en diferenciación nacional. Catalunya es este lugar, vanguardia de los otros movimientos nacionales que pronto la acompañarán. También aquí hay despertar de masas, que toma, ya desde los 1820 y en consonancia con la forma de irrupción democrática de masas en el resto de territorios del Estado, la forma de patriotismo municipal.[64] Pero sobre esta base interactúa un proceso de desarrollo burgués-industrial diferente al del núcleo castellano-andaluz de la nación española. Mientras el Estado español aseguró mercados coloniales[65], la anemia del mercado peninsular no fue problema. Entre la pérdida de aquéllos y la incapacidad de garantizar su dirección del Estado español, o lo trabajoso que resulta que éste tenga en cuenta sus intereses (cuestión arancelaria)[66], emerge la conciencia nacional de la burguesía industrial catalana.[67] Entre el romántico “España es la nación, Cataluña es la patria”, que podía escucharse en la década de 1830, y el “Cataluña es la nación, España es el Estado”, ya con Prat de la Riba en los 1890[68], media la culminación y el fin de la revolución burguesa española y el asentamiento definitivo de las estructuras que ella propicia en su forma determinada. Hay entonces, entre la Guerra de la Independencia y el terminar del siglo un achicamiento de la nación española, de su capacidad de referenciarse como identidad nacional indiscutida, paralelo al propio desarrollo del capitalismo en la formación social del Estado español. Entre el “españoles de ambos hemisferios” que rezaba la Constitución de Cádiz y la permanente crisis nacional que es, ya desde hace mucho, característica estructural del Estado español, median las limitaciones históricamente necesarias de la forma en que se desarrolló la revolución burguesa española. Los movimientos nacionales en el Estado español van a estar situados en la periferia respecto del núcleo político del Estado, con sus burguesías nacionales[69] dirigentes siempre alejadas del centro del aparato de éste y con esa forma de integración como pacto exógeno, siempre frágil y amenazada por cualquier crisis social y política que reactive un nacionalismo español senil que, ya olvidadas mucho tiempo atrás sus gestas liberales, se desarrolla en contra de las naciones que aprisiona. De este modo, los movimientos nacionales actuales en el Estado español se nos aparecen como herederos ya asentados de la tendencia hacia la periferia de las pulsiones democráticas de la revolución burguesa española.[70] No por casualidad la prensa madrileña de 1873 protestaba ya contra el carácter catalanizante de la I República.[71] No por casualidad tampoco, como hoy se muestra claramente, sin referente proletario, estos movimientos son el primer refugio espontáneo de la protesta y la oposición en esas naciones, capaz de aglutinar inicialmente descontentos muy heterogéneos. Agotada la cuestión de la tierra como un eje estructural de la lucha de clases, los movimientos nacionales son el eco actual de las limitaciones de la revolución burguesa española. El proletariado revolucionario no podrá desarrollar su lucha de clases sin tomarlos en cuenta. Tal atención es hoy la única cuenta democrática pendiente que queda de la revolución burguesa. Y ella ya no exige un programa mínimo especial, sino simplemente que el proletariado, mientras se desarrolla independiente de cualquier determinación nacionalista, incorpore incondicionalmente y sin ambages el derecho de las naciones a la autodeterminación.

Efectivamente, si es inexcusable tenerlo en cuenta, tampoco cabe la idealización de estos movimientos nacionales, con sus inevitables pretensiones exclusivistas y afán de privilegios. Precisamente, la forma nacionalista en que se ha transfigurado esa vieja herencia democrática de la revolución burguesa es el síntoma inequívoco de que ella misma ya está agotada como factor de progreso histórico. Esa forma nacionalista es también hija de las limitaciones de la revolución burguesa española y de la debilidad y timidez histórica de su burguesía. Esa debilidad y timidez se sigue expresando en la mezquindad de las burguesías nacionales cuando de enfrentarse al Estado se trata: si están disgustadas con su posición en él, no menos saben que ese Estado les proporciona un mercado y un aparato de seguridad contra cualquier amenaza social. Sin consecución de la independencia nacional, como parece improbable  actualmente (entre otras razones, por esas mezquindades), a medida que re-emerja el proletariado como actor independiente, esas burguesías redescubrirán otra vez, como está sobradamente demostrado por la experiencia histórica, su consideración y aprecio por la capacidad represiva que el Estado español les proporciona, en tanto clases poseedoras, también a ellas.

Como hemos subrayado, esta debilidad de la burguesía revolucionaria en España se expresa objetivamente a través de esa geopolítica que hemos señalado. Desarrollada hacia la periferia respecto del centro político del Estado, los impulsos de izquierda de esta burguesía, la permisión y el aliento del movimiento de masas, a diferencia de en Francia[72], sólo podían tener la forma de esa dispersión provincial. En Francia la fortaleza de la burguesía coincidió con una afortunada geopolítica que permitió a la Revolución, en su apogeo, una estrecha vinculación entre masas y Estado. Por el contrario, en las condiciones históricas españolas, de haber podido forjarse un jacobinismo, éste hubiera debido de ser federalista. Sus conatos históricos así lo demuestran (esos “Robespierre de provincias” que hemos consignado y que florecían en cada explosión de Juntas y en su postrer manifestación cantonal). El fetichismo del “centralismo revolucionario”, con el que algunos aspirantes a social-fascista tratan hoy de dar un barniz “marxista” a su nacionalismo español y a la consiguiente defensa del aparato represivo de su Estado, nada tiene que ver con las condiciones históricas objetivas de la revolución burguesa española y sí con esa enfermedad subjetiva del doctrinarismo abstracto tan frecuente en su forma típicamente española. Por supuesto, Marx, a poco que se acercó a esta revolución, así lo demostró:

“(…) el Times tiene sin duda fundados motivos para lamentar que no exista en España la centralización francesa, debido a lo cual incluso una victoria obtenida sobre la revolución en la capital no decide nada respecto a las provincias, mientras subsista en éstas este estado de ‘anarquía’ sin el que ninguna revolución puede triunfar.”[73]

Abundando en la idea de que es ilegítimo apelar a Marx para justificar el fetiche centralista del social-chovinismo español, el propio renano, poniendo las condiciones españolas en perspectiva, incluso llega a encontrar ventajosa esta descentralización provincialista:

“La reducción y simplificación de la máquina burocrática en España presentan el mínimo de dificultades, ya que los municipios administran tradicionalmente sus propios asuntos”.[74]

Es cierto que Marx, en la línea de esa geopolítica burguesa que hemos esbozado, sí señala la ausencia de un centro de acción revolucionario como podía expresarse en el París de la Gran Revolución. Pero, en todo caso, ese “centro para la acción revolucionaria”[75] debe ser identificado con la capacidad de la formación social para generar un hervidero de actividad de masas que pueda referenciarse políticamente sobre el conjunto del país, más que, simplonamente, con un aparato burocrático de Estado. Precisamente, en España, esos mimbres de aparato burocrático de Estado central existían en Madrid, pero eran tan incapaces por sí solos para referenciarse como centro cohesionador revolucionario general, como los radicalismos gaditano o barcelonés igualmente por sí solos. Y esta interpretación se basa en la comprensión de la necesaria pulsión estatalista de la revolución burguesa; pero el paso siguiente es entender que esta afortunada geopolítica burguesa[76], que hace coincidir en un punto central núcleo político y avanzada social, debía expresarse fenoménicamente también como partido revolucionario; cuya forma consecuente por excelencia, en las condiciones históricas de la revolución burguesa, es el jacobinismo. Tal es el “centro para la acción revolucionaria” al que verdaderamente se refiere Marx. En España, en la imposibilidad de formar tal vigoroso movimiento revolucionario burgués concurrió, no sólo ese factor geopolítico, hermano inseparable de la debilidad material de la burguesía, sino también las carencias subjetivas de esta clase. Su temor pacato a la ruptura revolucionaria malogró unas condiciones objetivas que, si en parte eran desfavorables en cuanto a madurez de la formación social, por otra parte, paradójicamente, favorecían a la revolución con esa “anarquía provincial” que impedía derrotarla decisivamente en un solo punto, a la vez que la alargaba y la radicalizaba.

Tal radicalidad se expresó desde el mismo comienzo de la revolución burguesa, como hemos visto, con esa lógica republicana que objetivamente adoptó el movimiento de masas en 1808-1814. La tardanza del elemento subjetivo en alcanzar estas condiciones objetivas limitó tanto el impacto material de las conquistas efectivas de la revolución, como el que, una vez que el movimiento democrático alcanzó esa entidad suficiente, para 1873, el temor congénito de la burguesía se multiplicara por la presencia ya en escena de su antagonista histórico, el proletariado. Aún así, la necesaria inmadurez histórica de éste todavía daba margen para la acción. Pero en el supremo momento de esta acción, en que aún podía culminarse la revolución tocando su cabeza con el gorro frigio democrático-republicano y que ello tuviera consecuencias históricas, sus propios líderes e inspiradores cayeron en la más vergonzosa de las bancarrotas. Ya lo hemos detallado más arriba. La I República naufragó lamentablemente en todos y cada uno de los dominios que la necesidad histórica situó ante ella y que la hubieran hecho digna de ser apoyada por el proletariado. La República combatió el desarrollo del movimiento de masas por su izquierda; no comprendió ni se atrevió a abordar en su esencia el problema nacional, tal y como se expresaba entonces en su forma colonial cubana, y, finalmente, soslayó ignominiosamente el problema de la tierra. Había un nexo coherente entre todas estas facetas, y un programa y una acción que las hubiera afrontado consecuentemente, de forma democrático-revolucionaria, habría supuesto una verdadera alteración del rumbo de desarrollo histórico del Estado español. El capitalismo habría podido desarrollarse aquí de otra forma, generándose una estructura distinta que, además, antes de que el mercado mundial hubiera cerrado plenamente sus contornos globales y se hubieran asentado las cadenas básicas de la división internacional del trabajo con el imperialismo, podría haber situado al Estado español en otra posición dentro de la jerarquía que estatuyó esa división. Nada que ver con el socialismo, por supuesto, pero sí con un impacto material cualitativo en la evolución histórica de la formación social capitalista española, pues precisamente el estadio pre-imperialista en el que se encontraba el modo de producción aún posibilitaba progresos materiales sustantivos de la mano de los avances democrático-burgueses. De este modo, el democratismo republicano español demostró en los hechos, cuando aún era estructuralmente oportuno, su total incapacidad para proveer cualquier grado de progreso histórico. Cuando la historia le concedió otra oportunidad, algo más de medio siglo después, volvió a quebrar otra vez en todos y cada uno de esos dominios.[77] Además, en este caso no cabe la acusación de que el proletariado no sostuviera, a pesar de toda su represión, a la II República. Por ello fue aún peor, aunque en este caso la principal responsabilidad recae en las deficiencias de una vanguardia proletaria que permitió que el conjunto de la clase fuera arrastrada a una lucha por la democracia burguesa: la derrota de ésta sepultó al proletariado bajo una losa histórica cuyo peso aún debemos sacudirnos. Y es que si alguna gesta histórica cabe atribuirle al republicanismo español, es la de ser uno de los pocos fenómenos que ha conseguido invertir la famosa letanía histórica, que en este caso reza: empezó como farsa y se repitió como tragedia. El republicanismo ya no puede ser en el Estado español otra cosa que una (posible) vía de solución de las crisis políticas provocadas por las contradicciones en el seno de las clases dominantes o, lo cual es perfectamente complementario con lo anterior, un medio para canalizar la crisis social y bloquear el desarrollo del proyecto revolucionario del proletariado. La historia de las repúblicas españolas ha mostrado ya sobradamente ambas facetas, las cuales sólo pueden acentuarse a medida que el imperialismo se demuestre más y más senil.

Decíamos que, efectivamente, las carencias subjetivas del proletariado en el Estado español, es decir, las deficiencias de su vanguardia, determinaron decisivamente la derrota de nuestra clase en el siglo XX. Precisamente, estas limitaciones subjetivas son una de las grandes herencias que la burguesía revolucionaria transmitió a su sucesora histórica. Otra vez, la vanguardia de la clase revolucionaria no estuvo a la altura, no sólo de la radicalidad de las condiciones objetivas, sino tampoco del heroísmo y la entrega de las masas de la clase. Mientras que el ímpetu de masas que aplastó al ejército en la mayoría de los principales núcleos proletarios del país aquel julio de 1936 es una gesta imborrable de nuestra clase, no lo es la línea que sus organizaciones y direcciones siguieron a continuación y durante el desarrollo de la guerra, que contribuyó, no sólo a la derrota militar entonces, sino a la desmoralización de las generaciones posteriores y a la forma en que se realizaron pactos y transiciones décadas después. No es tarea de este trabajo abundar en ello[78], pero sí que resulta oportuno sondear sumarísimamente, a la vista de lo dicho hasta aquí, algunas de las raíces históricas que determinaron la debilidad del sujeto revolucionario proletario en estas tierras.[79]

Como ya hemos señalado en numerosas ocasiones, la revolución proletaria surge históricamente y de forma necesaria desde la revolución burguesa. Ésta le imprime ineludiblemente a aquélla la primera forma de su movimiento histórico. Es ése un hecho cardinal para entender las bases del Ciclo revolucionario de Octubre: el entrelazamiento histórico de las revoluciones burguesa y proletaria. Ello es un fenómeno universal, pero que en cada parte toma una fisonomía concreta de acuerdo con las condiciones en que la revolución burguesa (o la falta de la misma en el caso de buena parte de los países oprimidos) se ha llevado a cabo. En general, cuanto más capaz fue el proletariado de situarse por encima de esta primera determinación de su movimiento político, cuanto más capaz fue de dar una respuesta cabal a la pregunta ¿a qué herencia renunciamos?, de hacer balance de la tradición revolucionaria previa, más capacitado se mostró para avanzar de forma independiente por su propia senda revolucionaria, más hábil fue para crear y desbrozar este camino proletario nuevo y original, generando bagaje universal. Hay que indicar que, en esas condiciones de entrelazamiento histórico, este balance nunca pudo ser definitivo ni completo, pues tal posibilidad sólo se muestra históricamente factible a la vista del Ciclo de Octubre concluido.

En cualquier caso, el proletariado del Estado español no escapó, por supuesto, a esta determinación. Representa, no obstante, un caso agudo de limitación en el alcance de esta ruptura. Como ya indicamos, las razones históricas son hondas y pueden rastrearse, cuanto menos, hasta esa debilidad de la ilustración española. El escenario de la revolución burguesa se reprodujo, aunque a un nivel superior (como superior es la profundidad de la revolución proletaria): limitación subjetiva frente a la radicalidad de las condiciones objetivas. Si la tibieza del liberalismo ilustrado español tomó su última forma decadente e inerme como difusión del krausismo desde el último tercio del siglo XIX, la recepción de la teoría revolucionaria, del marxismo, mostró las mismas limitaciones de esa ilustración en el siglo anterior. Sin una tradición intelectual con arraigo histórico, nunca pudo asentarse plenamente un núcleo de reflexión nativa, más allá de alguna individualidad y a pesar de la popularidad del marxismo en momentos puntuales, que diera base teórica a un consistente proceso social de fusión de sus fórmulas generales con la realidad material específica de la península. La forja del programa propio de la revolución proletaria siempre se mostró débil en el Estado español. De ahí la forma dogmática, abstracta, de su recepción y su dependencia del exterior; de ahí la fortaleza que siempre mostró el viejo partido obrero; de ahí la falta de originalidad y el entusiasta seguidismo del Partido Comunista de España (PCE) respecto de los giros políticos de una Internacional Comunista (IC) que se vio prontamente incapaz de superar la crisis provocada por el estancamiento de la revolución proletaria en Europa occidental a principios de la década de 1920. Si el PCE encontró un momento de fortaleza fue, precisamente, cuando más se sometió a la lógica de las demandas de defensa de la democracia burguesa durante la Guerra Civil, esto es, cuando más se identificó con los ecos de la revolución burguesa. La derrota militar, la más sanguinaria de las represiones y su meteórica descomposición cuando el fascismo dio paso, de nuevo, al parlamentarismo, fueron el precio del lastre que se avino a cargar en el momento supremo de su protagonismo. El frentepopulismo no fue sino el último eslabón de una cadena cuyas primeras piezas encontramos en lo hondo del siglo XIX, en la tradición progresista del liberalismo: la remisión del movimiento de masas hacia el Estado establecido, ya sea para auparse a su dirección, para su reforma o, como es el caso, para su reconstrucción y defensa. Una cadena que, desde ese progresismo liberal, continúa durante el ciclo revolucionario burgués a través de demócratas y republicanos, incluidos los federales, como hemos visto por la actuación de la dirección parlamentaria del federalismo en la I República. Una cadena que es necesariamente retomada, ya en el siglo XX, por el republicanismo de carácter unitario que se significó como fuerza opositora a la Restauración, continuada por el viejo partido obrero (característica universal resultante de sus premisas materiales necesarias) y que es culminada por la Sección Española de la IC en el crepúsculo de esta Internacional, en la época de los frentes populares. Nada casualmente, la pulsión estatalista del viejo movimiento obrero socialdemócrata, así como la insuficiente ruptura con sus premisas de la escisión comunista, las hicieron arraigar, en el primer tercio del siglo XX, cada una a su momento, especialmente en las zonas de más marcada tradición centralista del país. Lo limitado de la ruptura del proletariado con la tradición de la revolución burguesa se evidencia por la forma en que nuestra clase reprodujo, en el despliegue espacial de sus distintas corrientes, la lógica particular que la geopolítica peninsular había impreso en la dialéctica masas-Estado propia de esa revolución.

Así, correlativamente a esto, y en el vacío dejado entre las insuficiencias subjetivas de la vanguardia y la radicalidad de las condiciones objetivas, se desarrolló un fenómeno singular y paradójicamente español: un movimiento proletario anarquista de masas. Movimiento que, por derecho, merece atención a la hora de realizar el balance de la experiencia revolucionaria proletaria en estas tierras. Nos limitaremos ahora a señalar que, igualmente incapaz de superar la dialéctica masas-Estado, mientras que el ala socialista del proletariado se inclinaba hacia el aspecto del Estado, el anarquismo se volcó en su negación radical y en la afirmación absoluta del movimiento de masas. Es, por tanto, también heredero extremado de la tradición progresista de dogmatismo abstracto, en este caso, transfigurado a través del legado bakuninista del apoliticismo. Igualmente, es por ello el hijo radicalizado del ímpetu periférico, localista y municipalista del movimiento de masas de la revolución burguesa: sigue entonces, consecuentemente, el hilo de su última y más acabada expresión, el federalismo intransigente. De nuevo, no casualmente, su área de hegemonía reproduce de nuevo esa geopolítica burguesa, pero en la dirección opuesta a la de la corriente socialista del movimiento obrero, y se centra en el eje Andalucía-Catalunya, pasando por el Levante, abarcando así el área de incidencia del levantamiento cantonal. Aunque habitualmente desde la tradición marxista se ha asociado esta incidencia anarquista al atraso económico de la formación social española y a su estructura productiva, no cabe perder de vista esta vertiente subjetiva que lo sitúa en la encrucijada entre dos revoluciones históricas. De hecho, es la más acabada manifestación de una idiosincrasia profundamente arraigada, al menos en el pasado, en estas tierras.[80] Con seguridad, el anarquismo español, como movimiento de masas, pertenece a esta encrucijada, eco y expiación de los pecados continuistas de la revolución burguesa.

De cualquier manera, valgan estas breves indicaciones para señalar algunas líneas respecto de la forma que en el Estado español toma el entrelazamiento histórico de la revolución burguesa con la revolución proletaria; el cómo la primera marcó profundamente a la segunda, que no consiguió alzar un vuelo propio que, tal vez, hubiera podido cambiar el rumbo de la historia, de las más tristes de la Historia, de este país. Por el contrario, incapaz de tomar perspectiva y fijar un curso independiente que estableciera su iniciativa histórica, el proletariado revolucionario, a pesar de la potencia y el heroísmo de sus masas, se vio arrastrado y consumido por los viejos fantasmas decimonónicos de las dos Españas. Si el tercero excluido de esta lucha consigue volver a abrirse paso, lo hará como internacionalista libre de las viejas dinámicas y capaz de dominarlas y someterlas. Sólo el Balance que proponemos a la vanguardia ofrece esta perspectiva. Si no, estaremos condenados a que los “muertos de movimientos anteriores”, que algunos convocan, vociferando gustosos sus viejas y espectrales consignas, dominen a los vivos, arrastrándolos a sus mismas derrotas. Como siempre, el mejor homenaje a nuestros ancestros proletarios revolucionarios es, no repetirlos, sino aprender de la experiencia que ellos pagaron con su sangre. A un precio oneroso que todavía hoy nos conmueve.




Notas: