Ante la convocatoria del referéndum de independencia propuesto por la Generalitat para el día 9 de noviembre, y a la espera del definitivo y, a tenor de la consabida última respuesta del Tribunal Constitucional, más que probable desenlace de dicha propuesta, se hace indispensable articular una teoría referencial de vanguardia en torno a la cuestión nacional en el Estado español, la cual ayudará sin duda a deslindar posiciones con el revisionismo patrio y con los habituales lugares comunes que pueblan los escritos firmados a tal respecto por este tipo de organizaciones. Ciertamente, las especiales condiciones históricas a través de las cuales se ha originado y desenvuelto la estructura ideológico-política y económica del Estado español hacen de éste una auténtica rara avis en lo que a la resolución del problema nacional se refiere. En general, ésta no es -y aquí entra uno de los principales puntos de confrontación con el revisionismo patrio- sino una tarea de índole democrático-burgués que, por su misma naturaleza, puede ser completada perfectamente por la propia burguesía nacional durante la fase capitalista, tanto mediante la concesión directa de la secesión como a través de la permisión del ejercicio del derecho de autodeterminación sin que éste dé lugar necesariamente a la independencia del territorio referido. Por supuesto, tal empresa puede darse también, en contra de lo que aduce el revisionismo a tales efectos, en el estado Español, si bien las posibilidades de que esto suceda realmente se revelan aquí bastante escasas, no sólo por la configuración histórico-política de la estructura patria, sino, fundamentalmente, por la propia correlación actual de fuerzas entre los distintos sectores de la clase dominante, así como debido a la propia naturaleza de esta clase en cuanto punta de lanza de una aventajada estructura imperialista. Dado que esta tarea -y sobre esto podríamos extendernos mucho más- no ha sido cumplimentada en el Estado español por la clase que ya se encontraba y se encuentra hoy en condiciones objetivas de hacerlo, de continuar sin resolverse en un futuro mediante dichos cauces democrático-burgueses por la clase correspondiente, será heredada por el proletariado revolucionario constituido en Partido Comunista durante el pleno ejercicio de su dictadura de clase. Su superación histórica -que es, a priori, la única tarea cuya ejecución compete a nuestra clase, y que supone grosso modo la supresión definitiva de la división de la humanidad y, en concreto, del proletariado, en compartimentos nacionales, principalmente en términos de unificación nacional y de idiomas- queda, pues, pendiente en nuestro futuro y avanzado campo de actuación. Esta superación del problema nacional acarrea de forma intrínseca la propia resolución del mismo en el caso de que esta última tarea no haya sido llevada a cabo por la burguesía dentro de sus naturales dinámicas políticas -con carácter estrictamente inmediato e inicial, declarando el poder proletario el derecho de autodeterminación y la plena igualdad de todas las naciones constituyentes del Estado-.
El proceso de conformación del moderno Estado español puede comprenderse correctamente si el estudio histórico se inicia a partir del siglo XIV. La contradicción entre, por un lado, el campesinado y la nueva burguesía productora y, por el otro, la nobleza y la aristocracia mercantiles e importadoras, remanentes de las ya caducas estructuras feudales, comenzaba a agudizarse en aquella época, y su resolución en favor de la segunda acabó repercutiendo en una insuficiente homogeneización y centralización del naciente mercado burgués -algo que sí se había logrado en la práctica totalidad de los estados-nación europeos-. El poder de dicho mercado, aunque totalmente hegemonizado por la monarquía absoluta y la nobleza castellanas, y espoleado por el monopolio que estas capas sociales ejercieron hasta bien entrado el siglo XVIII en la explotación de las colonias de ultramar americanas, quedó estratificado y disperso en varios núcleos subordinados adicionales, en los que, a excepción de Galicia, sí logró cuajar desde bien temprano la alianza campesino-burguesa, ayudada ésta inicialmente por el dominio de la antigua Corona de Aragón a lo largo del Mediterráneo. Uno de estos baluartes de aquella época es Cataluña, que es el caso que aquí nos ocupa.
Con el paso de los años, se agudizará la lucha entre la burguesía centralista española -la cual propone un modelo atrasado, harto distinto del que había logrado consolidarse en Europa y basado principalmente en la agricultura, el comercio exterior y la exigencia en el pago de impuestos a las burguesías periféricas tras sucesivas crisis económicas- y la catalana -la cual había logrado establecer en su territorio nacional una flamante industria textil que destronaría con el paso del tiempo al otrora imponente mercado lanar castellano-. Sin distraernos demasiado en vicisitudes históricas de diversa índole, se pueden señalar los Decretos de Nueva Planta (1716) como un punto clave en el intento de unificación del mercado estatal español, y como el inicio de la futura incorporación de las capas altas de la burguesía catalana en el aparato de Estado central -rubricado posteriormente con el salto de esta burguesía a la arena de la explotación de la plusvalía americana-. Los continuos fracasos en la ejecución de una revolución plenamente burguesa en España, manifiestamente atestiguados con el devenir político de la I República, pasando por la Restauración borbónica manu militari en 1874 y, como punto culmen, la pérdida en 1898 de las colonias de Puerto Rico, Cuba y Filipinas, actuaron como claves de bóveda para un inminente despertar nacional catalán.
La patente debilidad de la burguesía española a la hora de articular un proyecto político unificador, sumada consecuentemente a los hechos clave anteriormente mencionados, motivaron la necesidad de la burguesía catalana de incidir en la reivindicación de su propio mercado interno. El siglo XIX supuso el florecimiento de la oligarquía financiera en todo el Estado -la que, a la postre, accedería a la cúspide del aparato de poder de éste, afianzándose con profusión en el mismo hasta nuestros días-, y la naciente banca catalana gozaba de una excelente salud. Cataluña comenzó a diversificar su ya potente industria ligera, y a engendrar numerosos avances en el desarrollo de su industria pesada -metalúrgica, principalmente- y de las vías de comunicación. En consecuencia, se comenzó a importar mano de obra de otros puntos del Estado, y se creó el caldo de cultivo para que las distintas fracciones de la burguesía catalana enarbolasen manifestaciones culturales nacionales bajo movimientos de diversa índole, como la Renaixença, con una más que evidente disposición a incorporar una sólida base social. Las fricciones entre la burguesía española y la catalana se dirimen de forma resuelta en los albores del siglo XX, y el mencionado desastre del 98, así como los diversos quebraderos de cabeza que el Estado español padecería a costa de mantener sus últimos vestigios coloniales en Marruecos -cuyo ejemplo más significativo fue la Semana Trágica de 1909- recrudecerían esas contradicciones, y motivarían la aparición en el escenario político de las primeras organizaciones propiamente dichas del nacionalismo catalán. Así, la Lliga Regionalista de Catalunya -auténtica precursora de base de la actual CiU- y fundamentalmente a través de plataformas como Solidaritat Catalana, comenzaron a ejercer una sistemática presión al gobierno central. No obstante, esta fracción de la burguesía catalana siempre se posicionó -no podía ser de otra forma, dada su objetiva posición de clase- al lado de su Estado en momentos clave en el proceder represivo de éste contra los movimientos de resistencia de la joven y numerosa clase obrera, y ponía de manifiesto de tal forma su auténtico objetivo político: la conquista de una mejor posición de poder en el aparato estatal -con el consiguiente y lógico incremento en la acaparación de la plusvalía sustraída al proletariado español y catalán- y la reafirmación de su posición hegemónica -con vistas a la exclusividad- en el mercado territorial catalán. Serían otras fracciones de la mediana y pequeña burguesía catalanas, descontentas con las políticas pactistas de los peces gordos de Barcelona, las que liderarían las reivindicaciones nacionales más radicalizadas e intransigentes con la cúpula sita en Madrid. Los años del franquismo supondrían una profunda redistribución del caudal de capitales entre las distintas fracciones de la burguesía, lo cual posibilitó y supuso a la larga el último gran esfuerzo de la oligarquía española por homologar su tejido industrial y productivo al de los países europeos de su entorno. La gran burguesía catalana hizo su entrada en los años post-Transición perfectamente instalada en el aparato jurídico-político del Estado español, y su furibundo antiindependentismo choca de manera evidente con las aspiraciones de las subyugadas mediana y pequeña burguesía en Cataluña, objetivos que se diseccionarán más adelante.
El panorama catalán a día de hoy se muestra como heredero directo del cauce histórico descrito anteriormente. La irrupción de la crisis financiera mundial en 2008 ha obligado a los distintos actores del escenario político estatal a recrudecer sus esfuerzos por no perder comba en lo que al mantenimiento de la -desigual- posición política de privilegio se refiere. La oligarquía financiera española se muestra dispuesta a mantener sus cuotas de poder político y económico, y para ello se ve obligada a tensar la cuerda que la une a las fracciones de la clase dominante subordinadas a ella.
Una de las características más notables del procés secesionista es precisamente su heterogeneidad, acorde con las fricciones latentes entre las clases que sustentan la base social de las distintas organizaciones adscritas al mismo. Desde ciertos sectores de la gran burguesía hasta la aristocracia obrera, pasando por la pequeña burguesía y el capital medio, todos tienen algo que decir en esta historia, y en el correcto análisis de todos y cada uno de ellos, así como de las relaciones existentes entre ellos, versará la adecuada comprensión de este complejo panorama.
La gran burguesía catalana -representada principalmente por CiU y por asociaciones patronales como Foment del Treball en la actualidad- nunca ha sido tradicionalmente independentista, y no faltan, hoy como ayer, sus claros gestos de mano tendida hacia los poderes centrales, así como su decidido apoyo a la reforma fiscal impulsada por Madrid. Desde la época de Prat de la Riba, su principal objetivo ha sido -y esto ya lo hemos introducido en el texto- la búsqueda de una posición más cómoda en la obtención de un buen porcentaje de plusvalía acumulada por el bloque estatal español. El propio hostigamiento al que lleva siendo sometida durante los últimos años por la ofensiva del capital centralista -aunque el alejamiento empezó a mostrarse de forma tímida hace casi dos décadas- ha motivado un claro endurecimiento en sus proclamas, llegando un sector nada desdeñable de esta capa social a plantear actualmente sobre la mesa la posibilidad de la independencia de Cataluña. La unión actual de estos sectores con el bloque principal del capital medio catalán -representado parcialmente por ERC en detrimento de CiU- obedece precisamente a esta comunión puntual y parcial de intereses. No obstante, es relevante hacer hincapié en el carácter coyuntural de esta alianza, sobre el cual tiene su explicación la simultaneidad entre los guiños de estas capas de la pequeña y media burguesía a asociaciones patronales de similar base social (véase las pymes) tradicionalmente independentistas como el Centre Català de Negocis y, a su vez, la elaboración de proclamas más radicalizadas en favor de la "desobediencia civil". De todas formas, no se ha dado una adscripción de la mediana burguesía en bloque a la causa independentista -materializada aquí en el Pacte Nacional pel Dret a Decidir-, sino que sus fluctuaciones en este aspecto vendrán dadas precisamente por la correlación de fuerzas en relación a las clases adyacentes. De estas palabras podemos inferir, pues, y sin temor a equivocarnos, que la contradicción entre la gran burguesía catalana, en su mayoría contraria a la secesión -fracción la cual, no olvidemos, forma parte imprescindible del bloque dominante del gran capital que conforma el Estado español-, por un lado, y la mediana y ciertos sectores de la pequeña burguesía, así como los sectores de la gran burguesía más reticentes al pacto con el poder central, por el otro, constituye un factor clave a la hora de comprender el desenvolvimiento presente del movimiento nacional catalán.
La existencia demostrada de este sector de la mediana burguesía no excluye -todo lo contrario, las reafirma de un modo u otro- las aspiraciones políticas manifiestas de otro sector más radicalizado, en estrecha alianza con la pequeña burguesía catalana -son éstas, sobre todo la segunda, las fracciones representadas políticamente por la CUP y, en menor medida, por ICV-EUiA, mucho más relacionada con la mediana burguesía-. La lucha de estos sectores contra el gran capital les sitúan en una posición bastante más desfavorable, pero sus objetivos de encuadramiento de su base social e integración de la misma en el bloque dominante son similares y obedecen a idénticas razones. El papel que desarrollan este tipo de organizaciones pequeñoburguesas en el procés es determinante y, en buena medida, sus especiales características les presentan como impulsores mayoritarios de este movimiento. A su vez, las tensiones existentes entre el ala derecha (MDT y amplios sectores de la mencionada CUP) de la Esquerra Independentista y su ala izquierda (Endavant y, fundamentalmente, Arran), los cuales representan a ciertos sectores de la pequeña burguesía y, fundamentalmente, a la aristocracia obrera más vulnerables a la proletarización, suponen otro interesante aporte a la cadena de contradicciones que vertebra la base social conjunta del procés. La oposición democrática y antioligárquica -esto es, perfectamente instalada en la lógica ideológico-política del capitalismo- de estas capas sociales les configura, de tal forma, como los principales representantes del reformismo en el seno del movimiento.
La postura leninista acerca de la cuestión nacional es clara, y postula en todo momento la total identificación entre el inalienable derecho a la autodeterminación de las naciones oprimidas y la unidad internacionalista del proletariado como auténtica clase mundial que hace su entrada en la historia, posibilitando objetiva y subjetivamente la emancipación de la humanidad toda constituida históricamente en proletariado. Así, en general, y con vistas a las tareas pendientes en cuanto a la Reconstitución se refiere, el proletariado revolucionario de las naciones opresoras deberá hacer campaña resuelta por el primer aspecto -entendiendo que el derecho de autodeterminación no puede implicar de forma implícita, directa y unilateral la independencia o la secesión del territorio referido-, y su homólogo en las naciones oprimidas deberá incidir sin ambages en el segundo extremo de esa unidad dialéctica.
Dada la inexistencia de movimiento revolucionario -el cual nos colocaría, dado el caso, y ante un avance cualitativo de la lucha de clases motivado precisamente por esta especificidad, ante la tesitura de actuar puntualmente de forma activa por la independencia o por la unión, dependiendo de la naturaleza de las contradicciones a resolver en cada etapa concreta-, la reducida disposición de posibilidades tácticas en la actualidad nos impele a ser precisos en la búsqueda de una posición coherente ante la disyuntiva que se nos presenta. De este modo, se hacen patentes las consecuencias negativas que acarrearía cualquier tipo de conciliación en referencia a la consulta del 9 de noviembre, ora con la burguesía española -llamando a votar negativamente-, ora con la catalana -haciendo propaganda activa a favor del 'sí'-, o incluso con las dos a la vez -proponiendo la fórmula federalista del "Si-No"-. Apoyamos sin reservas la realización de la consulta del 9-N en tanto que expresión del derecho a la autodeterminación, sin alinearnos con ninguna de las opciones concretas de voto -esto le corresponderá al conjunto del pueblo catalán- y manteniendo una posición de principios. Pero, a su vez, consideramos imprescindible recordar al conjunto de la vanguardia la necesidad de forjar la independencia ideológico-política del proletariado para su liberación social -que nada tiene que ver con la liberación nacional-, lo que pasa por la reconstitución del Comunismo como doctrina de emancipación y como movimiento revolucionario; en otras palabras: defendemos firmemente para la vanguardia la abstención como la opción más coherente para con sus responsabilidades clasistas y la libertad de voto para el conjunto del pueblo catalán en ejercicio de su derecho a la autodeterminación nacional.